La detención de la profesora Nayelli “N” por la grabación de videos de alumnas en los baños de la escuela primaria Otilio Montaño, en la alcaldía Tláhuac, desató una ola de protestas y redobló la exigencia social de seguridad en planteles educativos.
El plantel: nombre y ubicación
La escuela primaria Otilio Montaño se localiza en la colonia San José, dentro de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.
El caso involucra directamente a este plantel, donde la docente impartía clases y, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instaló cámaras de videovigilancia en baños escolares para registrar imágenes y videos de índole sexual de estudiantes menores de edad, principalmente niñas.
Descubrimiento del caso y denuncia
El caso salió a la luz cuando la pareja sentimental de Nayelli “N”, padre de sus dos hijastras, detectó en dispositivos electrónicos de la docente —un teléfono celular y una computadora— videos y fotografías que involucraban a menores de edad, incluida su descendencia.
De acuerdo con información difundida por las autoridades, las pruebas halladas motivaron una denuncia inmediata. Posteriormente, peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que parte del material se generó mediante cámaras ocultas instaladas en los baños de la primaria Otilio Montaño.
Intervención de autoridades y proceso judicial
El caso fue turnado a la FGR por tratarse de delitos de pornografía infantil y trata de personas en modalidad agravada, con posible distribución de imágenes desde un recinto escolar.
Las autoridades capitalinas detallaron que, tras la aprehensión de Nayelli “N” por agentes de la Policía de Investigación (PDI), un juez dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La profesora quedó recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.
En el Código Penal vigente para la Ciudad de México, las penas para estos delitos oscilan entre 10 y 15 años de prisión, y pueden aumentar hasta la mitad si las víctimas son menores de edad, conforme estipula el artículo 188 bis.
Protestas y exigencias de la comunidad escolar
La noticia ha generado indignación entre madres y padres de familia de la primaria Otilio Montaño. Decenas de personas se manifestaron frente al plantel para exigir que la directora, Gabriela Morales, y las autoridades educativas refuercen la seguridad y profundicen la investigación interna.
El reportero Antonio Nieto compartió en su cuenta de X (@siete_letras) imágenes de la protesta, donde se escuchan reclamos sobre la falta de información y las medidas preventivas dentro de la escuela.
Algunos de los reclamos y peticiones de los tutores incluyen:
- Garantizar la protección de los menores durante la investigación.
- Suspender actividades escolares en tanto se esclarecen los hechos.
- Informar de manera transparente sobre los avances del caso.
- Revisar exhaustivamente las instalaciones para descartar la existencia de otros dispositivos de vigilancia.
Postura de la dirección escolar y continuidad de clases
En respuesta al clamor de la comunidad, la directora Gabriela Morales declaró que se mantiene a la espera de los resultados oficiales de la indagatoria. La funcionaria indicó que las clases continuarán mientras la Fiscalía no emita una orden contraria, y aseguró que cualquier diligencia de investigación será notificada oportunamente a los padres de familia.
“La fiscalía nos está indicando que se va a presentar tal día; igual, si lo van a hacer, nos van a decir ‘no citen a los alumnos porque se va a presentar fiscalía a investigar’”, afirmó Morales.
Detalles del proceso penal
La aprehensión de Nayelli “N” ocurrió tras la primera audiencia celebrada el 13 de marzo. El juez de control determinó su vinculación a proceso por trata de personas en modalidad de pornografía infantil, con prisión preventiva como medida cautelar. La FGR investiga el posible destino y uso del material, ya que su obtención dentro de un plantel escolar podría configurar agravantes federales.
Marco legal sobre trata y pornografía infantil
El Código Penal de la Ciudad de México establece penas de entre 10 y 15 años de prisión a quien promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla a explotación sexual o prácticas análogas. Cuando la víctima es menor de edad, las sanciones pueden incrementarse hasta la mitad.
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