
La Cámara de Diputados, con el respaldo unánime de todos sus integrantes, busca fortalecer la protección de la integridad de los turistas y combatir la trata de personas en el sector turístico. La reforma aprobada este 3 de marzo modifica la Ley General de Turismo y establece nuevas obligaciones para los prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de prevenir delitos y salvaguardar los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
Cambios clave en la Ley General de Turismo
El dictamen, avalado por 463 votos, ordena a la Secretaría de Turismo diseñar y ejecutar códigos de conducta, capacitaciones y programas enfocados en la prevención de la trata de personas. Estos lineamientos buscan que México se alinee con la política nacional y las autoridades especializadas en el tema.
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A partir de esta reforma, los prestadores de servicios turísticos deberán tomar un papel activo en la protección de los viajeros. Entre las medidas obligatorias se encuentra la promoción de la prevención y la salvaguarda de la integridad de los visitantes, con énfasis en informar sobre riesgos y recomendaciones de seguridad antes de prestar cualquier servicio.
El dictamen ahora pasará al Senado de la República para su análisis y posible aprobación definitiva.

Obligaciones para prestadores y medidas de prevención
Los establecimientos de hospedaje, las aerolíneas y las empresas de transporte terrestre y marítimo tendrán nuevas responsabilidades. Para acceder a los servicios, será indispensable que los turistas presenten identificación oficial. Si un usuario no entrega este documento, el establecimiento podrá negar el servicio. Además, en caso de sospecha de delito, los responsables deberán informar de inmediato a las autoridades correspondientes.
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Las principales acciones que deberán implementar incluyen:
- Solicitar identificación oficial a todos los turistas antes de brindar el servicio.
- Proporcionar información preventiva sobre riesgos y seguridad, tanto en formato físico como digital.
- Negar el acceso a quienes no acrediten su identidad.
- Reportar rápidamente cualquier indicio de delito a las autoridades.
Estas medidas buscan frenar la explotación sexual y comercial, sobre todo de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en los destinos turísticos.
Avance en la protección de derechos y dignidad
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del PVEM, resaltó que el fortalecimiento legal responde a un contexto en el que la trata y la explotación en el turismo han aumentado. Para el legislador, la presencia de estos delitos afecta tanto a las víctimas directas como a la imagen y la confianza en la industria turística, que es un motor clave de la economía nacional y regional.
Carrillo Soberanis subrayó que la legislación mexicana debe cumplir con lo establecido por la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, que exige medidas firmes para impedir la trata y el secuestro de menores. Explicó que la captación, transporte o recepción de menores de 0 a 17 años con fines de explotación constituye un delito grave y debe ser combatido con herramientas legales y acciones coordinadas.
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El diputado enfatizó: “La aprobación de este dictamen representa un avance firme y significativo en el combate a la trata de personas”. Para él, la decisión de la Cámara de Diputados no solo fortalece el marco jurídico, sino que confirma el compromiso con la defensa de la dignidad y los derechos humanos en todo el país.
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