
En el estado de Morelos, la integrante del colectivo “Buscadoras del Sur”, Jael Jacobo, afirmó que su hermano Pablo Cristian Capistrán fue reclutado por grupos del crimen organizado hace cuatro años, y que solo hasta hace unos meses logró comunicarse con su familia para pedir auxilio, denunciando que las autoridades no han actuado con diligencia para localizarlo o rescatarlo.
El caso ha generado preocupación entre colectivos de buscadores y defensores de derechos humanos, quienes señalan que la posible vinculación de personas desaparecidas con organizaciones criminales refleja un problema más amplio de reclutamiento forzado, una práctica que expertos consideran una forma extrema de violencia que desarraiga y explota a víctimas vulnerables.
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Según la denuncia pública hecha por Jacobo, su familiar desapareció en el municipio de Zacatepec, Morelos, en 2022, sin que se conozca oficialmente el paradero desde entonces. Sin embargo, a partir de agosto de 2025 comenzó a recibir llamadas telefónicas de su hermano, donde este relató las condiciones en las que se encontraba bajo un presunto cautiverio y pidió ayuda.
Llamadas que abren interrogantes y falta de respuesta
La buscadora relató que las comunicaciones con Pablo duraron varios meses, siendo la última registrada en septiembre de 2025, y que describe las condiciones precarias en las que estaría bajo control del grupo que lo retuvo. A pesar de contar con esta información —que incluye números telefónicos y aproximaciones —, Jacobo acusó que las autoridades no realizaron acciones técnicas fundamentales como análisis de telefonía o geolocalización para intentar ubicar el origen de las llamadas o su paradero.
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La mujer expresó su frustración por la aparente inacción institucional, a pesar de que tanto la Fiscalía General del Estado de Morelos como la Fiscalía General de la República tienen carpetas de investigación abiertas sobre el caso de su hermano. Según la activista, estas investigaciones permanecen estancadas sin avances significativos desde hace años.

Un problema estructural y comunitario
Colectivos de buscadores de todo el país han advertido que casos como este no son aislados y que reflejan una tendencia creciente de reclutamiento y desapariciones vinculadas al crimen organizado que las autoridades no están abordando con suficiente eficacia. Esta problemática se inscribe en un contexto más amplio de violencia criminal en México donde la ausencia de oportunidades, la inestabilidad social y la violencia estructural aumentan la vulnerabilidad de las personas frente a redes delictivas.
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Organizaciones civiles y especialistas han señalado que los menores y jóvenes reclutados por el crimen organizado suelen ser víctimas de condiciones socioeconómicas precarias, y que el reclutamiento es una forma de explotación que viola derechos humanos y requiere una respuesta integral que combine justicia, acompañamiento comunitario y políticas públicas efectivas.
El caso de Pablo Capistrán y la denuncia de su hermana Jael Jacobo ponen de relieve no solo la agonía de una familia en búsqueda de respuestas, sino también el desafío que representan para México los casos de desapariciones y reclutamiento vinculados a grupos criminales, y la exigencia de una acción institucional más decidida y efectiva.
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