El pasado 16 de febrero de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos informó que, como parte de la operación militar denominada Southern Spear, su Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó tres ataques aéreos contra embarcaciones que, según su inteligencia, eran operadas por organizaciones designadas como “terroristas” y vinculadas al narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado oficial, dos de los ataques ocurrieron en el Pacífico Oriental y uno en el Mar Caribe. En total, 11 personas murieron durante estas acciones, y ninguna baja fue reportada entre fuerzas estadounidenses.
Las autoridades del Comando Sur señalaron que las embarcaciones estaban transitando por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en operaciones ilícitas.
Identificación de las víctimas y reacción comunitaria
Medios locales y familiares de las víctimas han señalado que, según sus versiones, ocho de los 11 hombres muertos eran originarios del municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit.
Según estas versiones, siete de ellos eran vecinos de la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle y uno más de Corral del Risco.
Los nombres mencionados por familiares y medios incluyen a hombres identificados como Edgar “N”, Diego “N”, Pedro Adrián “N”, Luis Carlos “N”, Carlos “N”, Abel “N”, José Francisco “N” y Braulio “N”.
Vecinos de La Cruz de Huanacaxtle han compartido su consternación y dolor por la pérdida de estos hombres. Estas comunidades han realizado homenajes y vigilias en su memoria, sin embargo, las autoridades mexicanas aún no han confirmado oficialmente la identidad y procedencia de los fallecidos.
Debates, crítica y contexto internacional
La operación militar estadounidense forma parte de una serie de ataques en alta mar contra embarcaciones que el gobierno de ese país denomina “narcolanchas” o “vinculadas al narcotráfico”, emprendidos en el Pacífico y el Caribe desde finales de 2025.
Estos ataques, aunque defendidos por Washington como parte del combate al tráfico de drogas hacia su territorio, han sido señalados por críticos y expertos como controversiales desde el punto de vista del derecho internacional, al ejecutarse presuntamente en aguas internacionales sin juicio ni evidencia pública que identifique a los ocupantes como narcotraficantes.
La falta de pronunciamiento oficial por parte de las autoridades mexicanas ha intensificado la presión sobre el gobierno para que garantice la protección de ciudadanos y brinde claridad jurídica y diplomática sobre los hechos, especialmente en regiones costeras como Nayarit donde comunidades han perdido a miembros de forma trágica.
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