El diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió la acción promovida por legisladores panistas contra la reforma judicial, los cambios a la Ley de Amparo, la militarización de la Guardia Nacional y la denominada “supremacía constitucional”.
El legislador subrayó que, al tratarse ya de un procedimiento abierto ante el organismo internacional, podría solicitarse la adopción de medidas que frenen la elección de jueces y magistrados prevista para 2027.
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En un encuentro con medios, Martínez sostuvo que su bancada no dará marcha atrás y que buscará revertir las reformas por la vía internacional.
Acusó al oficialismo de mantener una “doble narrativa”, al señalar que mientras —dijo— se vulneran compromisos en materia de derechos humanos, se busca fortalecer acuerdos comerciales con Estados Unidos, como el T-MEC.
Corte IDH admite recurso contra reformas al Poder Judicial
La Secretaría General de la Corte IDH notificó el 2 de febrero de 2026 que tuvo por recibido el escrito presentado el 2 de diciembre de 2025 por los promoventes.
El documento fue admitido en calidad de amicus curiae, figura que permite a terceros con interés legítimo aportar argumentos jurídicos para que el tribunal analice la compatibilidad de determinadas normas con obligaciones internacionales.
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Además, la Corte incorporó el escrito a la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias y dio vista al Estado mexicano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a representantes de víctimas en casos vinculados, para que presenten las observaciones correspondientes.
Germán Martínez: podrían posponerse elecciones judiciales
El legislador panista explicó que el objetivo es evitar que se concrete la segunda etapa de la reforma judicial, que contempla la designación de nuevos jueces y magistrados, incluidos cargos pendientes en la Suprema Corte.
Señaló que las posibles medidas deberían resolverse antes del proceso electoral judicial de 2027, con el fin de suspender temporalmente su implementación mientras se analiza el fondo del asunto.
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Martínez insistió en que la controversia no se limita al debate legislativo interno, sino que involucra compromisos internacionales previamente asumidos por el Estado mexicano.
PAN: reformas vulneran compromisos internacionales en derechos humanos
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados afirmó que la admisión del recurso confirma que el debate debe analizarse bajo estándares jurídicos internacionales.
Sostuvo que, aunque las reformas constitucionales pueden aprobarse por mayoría legislativa, no pueden desconocer tratados ni sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
Indicó que las modificaciones aprobadas en 2024 y 2025 podrían contradecir resoluciones previas de la Corte IDH, particularmente en lo relacionado con la independencia judicial y el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
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Militarización, Ley de Amparo y supremacía constitucional en el centro del litigio
La acción presentada cuestiona de manera integral la reforma al Poder Judicial, los cambios a la Ley de Amparo, la consolidación de la Guardia Nacional bajo un esquema militar y el principio de supremacía constitucional frente a tratados internacionales.
Lo que argumenta el PAN contra las reformas:
- La elección de jueces podría afectar la independencia y autonomía del Poder Judicial.
- Las modificaciones a la Ley de Amparo debilitan herramientas de defensa para los ciudadanos.
- La militarización de la seguridad pública contraviene criterios fijados previamente por la Corte IDH.
- La supremacía constitucional no puede utilizarse para desconocer obligaciones internacionales en derechos humanos.
- Las reformas podrían incumplir sentencias emitidas contra el Estado mexicano.
Aunque la admisión del escrito no constituye una resolución de fondo, la Corte Interamericana analizará si las reformas impugnadas son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes.
Una vez que las partes presenten sus observaciones, el tribunal podrá determinar las diligencias adicionales que considere necesarias conforme a su reglamento.
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