La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un nuevo acuerdo que refuerza las reglas para asegurar que los bienes adquiridos por el gobierno federal realmente se produzcan en México y cumplan con el porcentaje mínimo de contenido nacional.
Con estas medidas, la dependencia busca fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas, evitar simulaciones y utilizar el gasto público como una herramienta para impulsar la industria nacional.
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El acuerdo, firmado por la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez y publicado en el Diario Oficial de la Federación, actualiza disposiciones vigentes desde 2010 y las armoniza con la Ley de Adquisiciones, la Ley de Obras Públicas, su reglamento más reciente y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan México.
¿Qué es el contenido nacional y por qué es importante?
El contenido nacional es el porcentaje del valor total de un bien que se genera en México durante su proceso de producción.
Esto incluye el uso de insumos nacionales, la mano de obra empleada en el país y los costos directamente relacionados con la fabricación del producto dentro del territorio nacional.
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Este criterio es clave en las compras públicas porque busca que los recursos del Estado beneficien a la economía mexicana, fortalezcan las cadenas productivas locales, generen empleos y reduzcan la dependencia de bienes importados.
En las licitaciones de carácter nacional, la ley exige que los bienes cuenten con al menos 65% de contenido nacional, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Compras públicas más estrictas y con reglas claras
El acuerdo reafirma que en las licitaciones públicas nacionales solo podrán participar personas de nacionalidad mexicana y ofrecer bienes producidos en el país.
Esta condición también se aplicará a otros procedimientos de contratación, como la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, evitando así posibles vacíos legales.
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Desde la convocatoria, los participantes deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesten que los bienes que ofertan cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.
En caso de resultar adjudicados, estarán obligados a entregar la documentación que respalde dicha información.
Así se calculará el contenido nacional de los bienes
El nuevo acuerdo redefine la metodología para calcular el contenido nacional, basándola en el costo real de producción del bien.
Para determinar el porcentaje se tomarán en cuenta los siguientes elementos:
- Materiales directos: insumos que se incorporan de manera identificable y medible al producto final.
- Mano de obra directa: salarios, prestaciones y costos asociados al personal que participa directamente en la fabricación del bien.
- Costos indirectos: gastos indispensables y comprobables del proceso productivo, como energía eléctrica, agua, combustibles, herramientas, depreciación de maquinaria, capacitación y seguros de la planta.
- Materiales importados: se resta el valor de los insumos extranjeros utilizados, incluyendo transporte internacional, aranceles, gastos aduanales, almacenamiento e inspecciones.
Quedan excluidos del cálculo gastos como promoción, comercialización, servicios postventa, regalías, intereses financieros y costos administrativos que no estén directamente relacionados con la producción.
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Esta nueva fórmula entrará en vigor el 1 de enero de 2027, aunque las dependencias podrán comenzar a aplicarla antes si identifican proveedores con capacidad para cumplirla.
Bitácora digital y mayor capacidad de verificación
Uno de los principales cambios es el fortalecimiento de la Bitácora dentro de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
A través de este módulo, los proveedores deberán cargar la memoria de cálculo del contenido nacional, la estructura de costos, los comprobantes fiscales de los insumos y, en su caso, los pedimentos de importación.
La Secretaría Anticorrupción tendrá facultades para verificar esta información en cualquier momento, incluso mediante inspecciones físicas a las plantas de producción.
Proveedores y fabricantes estarán obligados a conservar la documentación relacionada durante al menos siete años, para presentarla cuando sea requerida por la autoridad.
Con estas reformas, el gobierno federal busca cerrar espacios a la simulación, reforzar la rendición de cuentas y asegurar que las compras públicas contribuyan de manera efectiva al desarrollo de la industria nacional y al fortalecimiento de la economía mexicana.
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