Ganar una casa en un sorteo oficial del gobierno federal terminó por convertirse en un episodio de miedo. Una mujer que obtuvo una vivienda incautada al crimen organizado en una rifa de la Lotería Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) fue obligada a abandonar el inmueble luego de que un grupo armado reclamara la propiedad, pese a que había sido asegurada mediante un proceso de extinción de dominio.
De acuerdo con un reportaje de N+, la ganadora, identificada como Esperanza, resultó premiada durante el sorteo especial 291 de la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2024.
El inmueble en cuestión, valuado en 3 millones 481 mil 200 pesos y ubicado en Tlaquepaque, Jalisco, había sido confiscado a un líder criminal tras un proceso de extinción de dominio y transferido a la familia ganadora por el INDEP.
El premio, la ocupación y las amenazas
De acuerdo con el testimonio de Esperanza para el medio antes citado, recibió la posesión de la vivienda en diciembre de 2024, aunque no obtuvo la escritura, únicamente un documento que acreditaba su derecho sobre el inmueble como parte del sorteo.
Tras la entrega formal, la mujer y su familia no se establecieron de manera permanente en la casa, ya que su residencia habitual se encuentra en otra ciudad. Solo acudieron temporalmente para recibir la propiedad y realizar algunas adecuaciones de seguridad, como la instalación de cámaras.
La historia cambió en abril de 2025, cuando los vecinos del fraccionamiento residencial Huerta de Peña alertaron a Esperanza sobre el intento de intrusión de personas extrañas en la casa, quienes se identificaron como “los antiguos dueños”.
Con herramientas y un cerrajero, intentaron irrumpir en la casa, aunque sin éxito debido al mismo blindaje que le habían colocado a la vivienda anteriormente. Sin embargo, uno de ellos habría advertido: “No te metas en esta situación. No quiero tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar”, según el testimonio de la ganadora.
La vivienda, ubicada en la calle Huerta Norte número 436, contaba con puerta de seguridad reforzada y se encuentra dentro de un fraccionamiento residencial con caseta de vigilancia, lo que evitó que la puerta fuera completamente forzada en el primer intento de ocupación. De acuerdo con el reportaje, la casa permaneció bajo resguardo de autoridades federales hasta que se realizó la entrega a la nueva propietaria.
¿De quién era la casa rifada por la Lotería Nacional?
El inmueble rifado por la Lotería Nacional y el INDEP había pertenecido a José Gabriel Zúñiga Ovalle, conocido como “El Delta” o “El Alfa”, identificado por autoridades federales como uno de los cabecillas del Cártel de la Laguna, una célula criminal asociada con los Beltrán Leyva.
El grupo operaba principalmente en Durango y Coahuila, bajo la coordinación de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, figura relevante del narcotráfico en el norte del país.
El Delta fue detenido en 2013 en Jalisco por la Policía Federal. Las autoridades relacionaron su nombre con el asesinato de Mario Alberto Landeros Campero, precandidato a la presidencia municipal de Lerdo, Durango, ocurrido el 4 de marzo de 2013, así como con el secuestro de cinco empleados del periódico El Siglo de Torreón en febrero de ese año.
Tras su detención, se inició un proceso judicial que culminó en la extinción de dominio de varios de sus bienes, entre ellos la vivienda sorteada por el gobierno federal.
La sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México determinó que ni Zúñiga Ovalle ni sus familiares pudieron demostrar la procedencia legítima de los recursos ni del inmueble, lo que permitió su incorporación a las arcas federales.
El tribunal resolvió: “Ninguno demostró que obtenía recursos legítimos, y tampoco se demostró la legal procedencia del inmueble (como, por ejemplo, una herencia), por lo que tales circunstancias permitían arribar a la conclusión de que el bien se adquirió con las ganancias de hechos ilícitos”, según consta en la sentencia difundida por N+.
En 2025, tras recuperar su libertad, el nombre de Zúñiga Ovalle volvió a aparecer, ahora relacionado con la disputa por la propiedad que fue sorteada.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal implementó la política de rifar y subastar bienes incautados a la delincuencia organizada a través del INDEP y la Lotería Nacional.
Entre 2018 y 2024, más de 1.300 propiedades fueron sorteadas o subastadas, muchas de ellas provenientes de juicios de extinción de dominio, aunque no todas tenían ese origen.
“Nosotros estamos solicitando que nos den el premio económico. Yo no quiero esa propiedad. Al final del día, ¿yo para qué quiero un premio de ese tipo? Si prácticamente están poniendo mi vida en peligro”, relató la afectada.
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