Universidad Popular Autónoma de Veracruz: detienen a exrector y exfuncionarios por desvío de 800 millones

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) enfrenta uno de los episodios más críticos de su historia reciente tras la detención de tres de sus ex altos funcionarios, acusados de presuntos malos manejos financieros.

En operativos realizados en Xalapa y Medellín de Bravo, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a:

• Sergio “N”, exrector de la institución.
• Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo.
• Frida Narayana “N”, exjefa de Servicios Financieros y exdirectora de Educación Superior.

Las detenciones ocurrieron en menos de 24 horas y fueron ejecutadas mediante órdenes judiciales.

• Sergio “N” fue asegurado en la capital del estado.
• Víctor de Jesús “N” en el municipio de Medellín de Bravo, cercano al puerto de Veracruz.
• Frida Narayana “N” fue detenida la noche del sábado 17 de enero en la colonia Coapexpan, en Xalapa.

Los tres fueron trasladados al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde quedaron a disposición de un juez de control.

Presunto desfalco millonario y delitos por esclarecer

De manera extraoficial, se ha informado que las investigaciones apuntan a un presunto desvío de recursos por al menos 800 millones de pesos, provenientes tanto de cuotas pagadas por estudiantes como de recursos públicos asignados a la universidad.

A los exfuncionarios se les imputarían los delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Veracruz ni el gobierno estatal han emitido un comunicado oficial detallando las acusaciones específicas ni la situación jurídica de los detenidos.

Las aprehensiones forman parte de investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, derivadas de múltiples denuncias internas.

Reclamos de docentes y estudiantes, el origen del caso

Las investigaciones no surgieron de manera aislada. Durante meses, docentes y alumnos de la UPAV denunciaron públicamente retrasos en el pago de salarios, despidos masivos, irregularidades administrativas y una creciente falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Estas inconformidades derivaron en protestas y señalamientos directos contra la administración universitaria, especialmente durante la gestión de Sergio “N”, quien asumió la rectoría a inicios de 2025 con la promesa de regularizar la situación financiera y académica.

En septiembre del mismo año fue removido del cargo, en medio de una fuerte crisis interna.

Reestructuración estatal y control del gobierno de Veracruz

El caso se inscribe en un contexto más amplio de reordenamiento institucional. El pasado 12 de enero, el Congreso del Estado aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, mediante la cual la administración de la UPAV pasó a manos del gobierno estatal.

La mandataria ha señalado reiteradamente que la universidad operaba con graves deficiencias, incluyendo opacidad, desorganización y presuntos malos manejos financieros.

Tras el cambio de control, la rectoría quedó a cargo de Rodolfo Torres Velázquez, quien informó que la institución atraviesa un periodo de inhabilitación administrativa como parte del proceso de transición y reorganización.

Una universidad marcada por la polémica desde su origen

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz fue creada en 2011, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador actualmente preso por delitos de corrupción.

Su objetivo original era ampliar el acceso a la educación media superior y superior para jóvenes excluidos de otras instituciones públicas, especialmente en zonas con altos índices de marginación.

Desde su fundación, la UPAV ha sido señalada por diversas irregularidades, entre ellas:

• Presunta expedición de títulos sin validez oficial
• Falta de pago oportuno a docentes
• Desvío de recursos públicos
• Deficiencias en su estructura administrativa

Con la detención de tres exfuncionarios clave, crece la expectativa de que las autoridades estatales aclaren el alcance real de las irregularidades y definan responsabilidades, en un caso que ha generado amplia atención pública por su impacto en la educación y en el combate a la corrupción en Veracruz.