Poder Judicial niega recorte salarial y atribuye retraso en Ayuda de Traslado a ajustes de nómina

El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que la Ayuda de Traslado para el personal jurisdiccional de mando medio no fue eliminada, luego de que la prestación no apareciera en la nómina de la primera quincena de enero.

De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), la omisión obedeció a ajustes administrativos y el pago será cubierto de manera retroactiva en la segunda quincena del mes.

OAJ aclara situación de la Ayuda de Traslado en el Poder Judicial

Mediante un comunicado difundido la madrugada del 15 de enero, el OAJ, instancia responsable de la administración del Poder Judicial Federal, señaló que la información que circuló sobre la eliminación del apoyo económico es incorrecta.

Precisó que la Ayuda de Traslado, identificada con la clave 144, continúa vigente y forma parte de las prestaciones del personal jurisdiccional de mando medio.

El organismo explicó que la falta de pago en la primera quincena se debió a la implementación del Tabulador Único del Poder Judicial de la Federación, aprobado por el Pleno el pasado 7 de enero, lo que generó ajustes en los procesos administrativos de nómina.

¿Qué es la Ayuda de Traslado y por qué es importante?

La Ayuda de Traslado es una prestación económica que reciben secretarios y actuarios de juzgados y tribunales federales.

Su objetivo es cubrir gastos derivados de actividades fuera de oficina, como traslados, gasolina y diligencias judiciales, entre ellas citatorios y notificaciones.

Este apoyo forma parte del ingreso regular del personal jurisdiccional de mando medio y equivale a 5 mil 284 pesos mensuales, es decir, 2 mil 642 pesos por quincena.

Por esa razón, su ausencia en el primer pago de enero fue percibida como una reducción directa del salario.

¿Por qué no apareció en la nómina de enero?

De acuerdo con el OAJ, la Ayuda de Traslado no se incluyó en la primera quincena debido a ajustes administrativos relacionados con la entrada en vigor del Tabulador Único del Poder Judicial de la Federación, aprobado por el Pleno el 7 de enero.

Estos ajustes implicaron modificaciones en los sistemas de nómina, lo que provocó el retraso en el registro y dispersión de algunas prestaciones.

El organismo subrayó que la omisión no obedece a una decisión de eliminar el apoyo, sino a un proceso técnico de actualización.

Reacciones del personal y señalamientos de sindicatos

La falta de pago generó preocupación entre trabajadores de juzgados y tribunales, quienes manifestaron su inquietud en redes sociales desde el 14 de enero.

Organizaciones sindicales señalaron que la falta de información previa agravó la situación, al tratarse de un ingreso que forma parte de su salario habitual.

Entre los principales señalamientos expuestos por sindicatos y asociaciones del Poder Judicial se encuentran los siguientes:

• La omisión de la Ayuda de Traslado se reflejó como una disminución temporal del ingreso quincenal.
• Se trata de una prestación regular y permanente, integrada al salario del personal jurisdiccional.
• La falta de información previa generó incertidumbre laboral y financiera entre los trabajadores.
• Consideraron necesario que los cambios administrativos se comuniquen con mayor claridad y oportunidad.
• Advirtieron que cualquier ajuste en prestaciones debe realizarse con certeza jurídica y transparencia.

¿Cuándo se pagará y qué sigue?

El OAJ informó que el monto correspondiente a la Ayuda de Traslado será cubierto de manera retroactiva en la segunda quincena de enero de 2026, por lo que los trabajadores recibirán el pago pendiente junto con su salario regular.

Asimismo, negó que exista una política de eliminación de prestaciones y reiteró que la Ayuda de Traslado se mantiene vigente.

La asociación 32 Circuitos, que agrupa a funcionarios del PJF en todo el país, solicitó que futuras modificaciones administrativas sean informadas con anticipación para evitar confusión y preocupación entre el personal.

Con esta aclaración, el Poder Judicial busca cerrar la polémica y garantizar que el ingreso del personal jurisdiccional no se verá afectado de manera permanente.

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