Procesan al exsecretario de Salud de Baja California por presunto uso ilícito de atribuciones

El exsecretario de Salud de Baja California, Alonso “N”, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la compra de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

La acusación está relacionada con un posible quebranto al erario estatal por 39 millones de pesos, derivado de licitaciones que beneficiaron a la empresa Arsa Lab, con sede en Tijuana.

Las audiencias más recientes se realizaron el lunes 8 y el lunes 15 de diciembre de 2025 en los Centros de Justicia de Mexicali y Tijuana, respectivamente.

Procesan al exsecretario de salud y otros involucrados

En la sesión del pasado 15 de diciembre, que se extendió por más de siete horas, un juez de control determinó que existían pruebas suficientes para vincular a proceso a Pérez Rico, así como a Miguel Ángel “N”, jefe de Recursos Materiales, y a Gerardo “N”, colaborador del exsecretario.

El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y permitió que los implicados continúen su proceso en libertad, según Zeta Tijuana.

La acusación principal señala que, durante la emergencia sanitaria de COVID-19 en el 2020, se realizaron licitaciones irregulares para la adquisición de insumos médicos, lo que habría favorecido a Arsa Lab.

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud detectó anomalías en los procesos de licitación de nueve paquetes de compra, que sumaron los 39 millones de pesos señalados.

Tras la notificación de estas irregularidades a la Secretaría de Honestidad, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con Zeta Tijuana. Los contratos con Arsa Lab pueden consultarse públicamente y diversas áreas de la Secretaría de Salud realizaron compras a esta empresa.

Entre los funcionarios implicados junto a Pérez Rico se encuentran Gerardo Contreras Hernández, exdirector de Administración; Roberto Alcántara Hernández, exdirector de la dependencia; y Miguel Ángel Marín, jefe de Recursos Materiales.

Todos formaron parte del comité responsable de los procesos de adjudicación durante la pandemia, según Zeta Tijuana.

En su defensa, el exfuncionario argumentó que las compras respondieron a la urgencia sanitaria y que los contratos se presupuestaron con recursos federales, con conocimiento de las autoridades nacionales.

“No se me está culpando de que me robe dinero, que desvíe dinero, no se me está culpando por comprar medicamento mal, se me está culpando de que el procedimiento que se utilizó en su momento fue el incorrecto”, declaró el exfuncionario a Zeta Tijuana. Además, sostuvo que el caso constituye una persecución política.

El proceso judicial ocurre en un periodo de cambio de administración estatal y de confrontación entre grupos políticos vinculados al exgobernador Jaime Bonilla Valdez y la actual gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

El mismo día en que Pérez Rico fue vinculado a proceso, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó a Bonilla por un caso distinto relacionado con la contratación de la empresa Next Energy.

Según Zeta Tijuana, la actual administración estatal impulsó la denuncia contra el exsecretario de Salud, mientras que los implicados se enteraron de los procesos en su contra a través de los medios de comunicación y posteriormente acudieron a rendir declaración.

Actualmente, el exfuncionario enfrenta siete carpetas de investigación, de las cuales dos ya han derivado en vinculación a proceso y cinco más tienen audiencias iniciales programadas.

El próximo paso será la continuación de las investigaciones, con la expectativa de nuevas audiencias en los próximos meses, según lo informado por Zeta Tijuana.

En este escenario, el exsecretario de Salud ha reiterado que su prioridad ha sido la atención a la salud pública, mientras enfrenta múltiples procesos judiciales.