
De acuerdo al informe mensual de violencia político-criminal de la organización Data Cívica, titulado “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político criminal en México”, durante octubre de 2025, se contabilizaron 39 episodios de violencia, de los cuales 31 fueron contra hombres, 5 contra mujeres y los últimos 3 fueron dirigidos contra instalaciones gubernamentales. Dichos ataques incluyeron amenazas, secuestros, asesinatos y atentados, y se distribuyeron entre funcionarios en activo, exfuncionarios, candidatos y familiares, abarcando partidos como Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, MC y PRD.
La distribución geográfica de los hechos abarca Hidalgo, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Veracruz, Baja California, Guanajuato, México, Michoacán, Colima, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, entre otros. Siendo Veracruz la entidad con mayor cantidad de ataques registrados. Esta dispersión evidencia que la violencia político-criminal no se limita a una región específica, sino que afecta a gran parte del territorio nacional. El informe señala que, en comparación con septiembre de 2025, octubre registró un descenso del 2.5 % en hechos violentos. Si se compara con octubre de 2024, la reducción es aún mayor, con un 9.3 %.

Uno de los episodios más impactantes del mes fue el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. El ataque ocurrió durante las celebraciones del Día de Muertos, en una plaza municipal llena de personas, y fue perpetrado por un adolescente presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe recalcar que Manzo había denunciado en repetidas ocasiones la falta de acción de las autoridades ante el avance del crimen organizado y había exigido mayor apoyo de los gobiernos estatal y federal. De acuerdo al informe, el asesinato de Carlos Manzo fue el tercero contra un alcalde en Michoacán en lo que va de 2025, tras los asesinatos de Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, y Salvador Bastida, de Tacámbaro.

Desde 2018, en Michoacán se han registrado nueve alcaldes en funciones asesinados y cinco personas candidatas a ese cargo han sido víctimas mortales, además de otros ataques contra actores del ámbito político. “Estos casos ilustran la persistente vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado y la insuficiencia de las respuestas institucionales para garantizar su seguridad”, menciona la organización.
El informe destaca que, en el periodo de 2018 a 2025, se han documentado 2 mil 740 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
De las víctimas registradas en este periodo, el 79 % corresponde a personas del género masculino. Además, aseguraron que el año 2024 se posicionó como el más violento en la serie histórica, con 661 casos, superando a 2023, que cerró con 570.
Entre los ataques reportados se han registrado desde amenazas directas a funcionarios y exfuncionarios, hasta atentados contra instalaciones y asesinatos de familiares.
Finalmente, Data Cívica asegura que la respuesta institucional ha sido insuficiente para frenar la escalada de violencia, y que, “estos casos ilustran la persistente vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado y la insuficiencia de las respuestas institucionales para garantizar su seguridad”.
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