
La reciente aprobación de la Ley Monse en Veracruz marca un hito en la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio en México. Con 39 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso estatal modificó el código penal para eliminar la exención de responsabilidad penal a familiares que encubran a feminicidas y otros responsables de delitos graves, como violación y pederastia.
Esta reforma, que responde a una demanda social persistente, surge tras el caso de Montserrat Bendimes, una joven estudiante asesinada en 2021, cuyo nombre da título a la ley y cuyo caso expuso las grietas legales que permitían a familiares de agresores eludir la justicia.
La Ley Monse introduce un cambio fundamental en la legislación de Veracruz: a partir de ahora, los lazos consanguíneos ya no podrán ser utilizados como “excusa absolutoria” para eximir de responsabilidad a quienes ayuden a encubrir delitos graves. Esta modificación, que ya se encuentra vigente en entidades como Morelos, Ciudad de México y Oaxaca, adquiere en Veracruz una relevancia especial, pues fue en este estado donde la indignación social por el feminicidio de Bendimes impulsó la transformación legal.

El feminicidio de Monse
El caso que motivó la reforma ocurrió en abril de 2021, cuando Montserrat Bendimes, de 20 años y estudiante de Ingeniería Civil, fue agredida por su pareja, Marlon Botas, también estudiante de la misma carrera. Tras la agresión, los padres de Botas, identificados como Jorge N y Diana N, evitaron solicitar ayuda médica y trasladaron a la joven en su propio vehículo hasta un hospital, donde la abandonaron antes de huir. Bendimes permaneció seis días conectada a máquinas, pero las graves lesiones —múltiples costillas rotas, fractura de cráneo y hemorragias internas— resultaron fatales.
La búsqueda de justicia se extendió durante más de un año. Marlon Botas logró evadir a las autoridades gracias al apoyo de sus padres, quienes también huyeron de Veracruz. La Fiscalía estatal solicitó la colaboración de Interpol y ofreció una recompensa de 250.000 pesos (unos 13.500 dólares) por información que condujera a su captura. Finalmente, Botas fue detenido en Mérida, Yucatán, en junio de 2022, tras un operativo en la casa de su abuela.
Sus padres fueron arrestados por primera vez en Ciudad de México en noviembre de 2021, pero un juez los absolvió en abril de 2023 por falta de pruebas de complicidad. Horas después, volvieron a ser detenidos, esta vez por omisión de auxilio, aunque en julio de ese año obtuvieron la libertad condicional, pese a la oposición de colectivos feministas.

Durante la sesión legislativa, varias diputadas destacaron el significado de la reforma. Elizabeth Morales, del Partido del Trabajo, afirmó: “Hoy damos un paso firme hacia la justicia con perspectiva de género y hacia la protección real de las víctimas”, y enfatizó que “ningún lazo personal puede estar por encima del derecho a la verdad y a la justicia. El afecto no puede justificar la impunidad”. Indira de Jesús Rosales, del Partido Acción Nacional, recordó que el caso de Montserrat Bendimes no es un hecho aislado y que la aprobación de la ley requirió cuatro años de persistencia, mientras que en otros estados la reforma avanzó con mayor rapidez.
La Ley Monse, al eliminar los vacíos legales que permitían la impunidad, podría servir de modelo para otras entidades que buscan fortalecer la protección de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
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