Huachicol de agua en el Edomex: un riesgo creciente que impacta en la salud pública

La reciente “Operación Caudal”, desplegada por elementos de los tres órdenes de gobierno en 48 municipios del Estado de México, reveló una problemática que va más allá de los delitos ambientales y económicos: el grave impacto sanitario derivado del robo y la venta ilegal de agua no potabilizada.

El operativo permitió desarticular redes dedicadas al llamado “huachicol de agua”, las cuales extraían el recurso mediante pozos clandestinos o infraestructura irregular. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el líquido era comercializado a precios inflados —hasta un 59% más caros que el promedio oficial— en municipios como Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca.

Sin embargo, lo más alarmante es que el agua sustraída no pasaba por procesos adecuados de potabilización, limitándose únicamente a una cloración superficial. Esta práctica implica un riesgo directo para la salud de miles de habitantes, ya que el agua sin tratamiento puede contener bacterias, metales pesados y contaminantes químicos capaces de provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y afectaciones hepáticas o renales.

Especialistas en salud ambiental advierten que el consumo de agua no tratada incrementa la incidencia de padecimientos como cólera, hepatitis A, fiebre tifoidea, giardiasis y amibiasis. Además, el uso de esta agua para tareas domésticas, como lavar alimentos o asearse, puede facilitar la propagación de microorganismos patógenos.

El riesgo no solo recae en el consumo humano, sino también en la contaminación de los sistemas de distribución locales. Al operar sin control sanitario ni supervisión técnica, los pozos clandestinos pueden alterar la presión y la calidad del suministro oficial, afectando incluso a quienes reciben agua de fuentes seguras.

Durante los cateos realizados en el operativo, las autoridades localizaron 51 pozos ilegales y 138 tomas clandestinas, además de 322 pipas utilizadas para transportar el líquido sin autorización. Muchas de estas unidades —algunas tipo tráiler, conocidas como “salchichas”— carecían de limpieza y mantenimiento, lo que agrava el riesgo de contaminación cruzada por residuos químicos o biológicos.

El problema también tiene una dimensión social: los habitantes de varias comunidades se veían obligados a comprar el agua a transportistas vinculados a grupos delictivos, quienes controlaban la distribución mediante extorsión y coerción. Entre las organizaciones identificadas figuran “La Chokiza”, “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo” y “22 de Octubre”, además de agrupaciones con fachada sindical.

Este modelo de comercio ilegal no solo vulnera el acceso equitativo al agua —un derecho humano reconocido constitucionalmente—, sino que profundiza las brechas de desigualdad sanitaria. Las familias con menores recursos terminan pagando precios excesivos por un recurso de dudosa calidad, mientras su salud queda expuesta a agentes contaminantes.

El IMSS y la Secretaría de Salud del Estado de México han advertido que el suministro y consumo de agua no potabilizada representa una amenaza latente para la salud pública, especialmente en zonas con infraestructura deficiente o escaso acceso a servicios médicos.

La Fiscalía mexiquense informó que ejercerá acción penal contra los responsables, incluidos integrantes de organizaciones sociales y servidores públicos implicados. No obstante, el desafío no se limita al ámbito judicial: el huachicol de agua evidencia la necesidad de fortalecer la gestión hídrica, la supervisión sanitaria y la educación ambiental para prevenir nuevos brotes de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada.