Como parte de la estrategia integral para combatir el lucro ilícito del agua, conocido como huachicol del agua, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desplegó la “Operación Caudal”, mediante la cual fueron desmanteladas diversas redes dedicadas a la extracción, distribución y comercialización ilegal del recurso hídrico en varios municipios del Valle de México y de Toluca.
La acción fue resultado de denuncias ciudadanas e información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la colaboración con autoridades municipales. Estas diligencias permitieron abrir múltiples carpetas de investigación que derivaron en la identificación de cadenas completas de comercio ilícito de agua, las cuales operaban utilizando pozos sin autorización o sobreexplotando fuentes con infraestructura mecánica y eléctrica irregular.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el operativo se logró la localización de 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además del aseguramiento de 322 pipas de distintas capacidades y 37 vehículos empleados en el transporte del líquido.
Como resultado, siete personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.
¿Cómo operaban?
Las investigaciones revelaron que los consumidores eran obligados a comprar agua exclusivamente a transportistas agremiados a ciertas organizaciones, quienes identificaban sus pipas con logotipos y calcomanías específicas.
Entre las agrupaciones involucradas se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), además de grupos conocidos como “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, grupos que han sido señalados por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, los comisariados ejidales y particulares, algunos presuntamente en complicidad con autoridades locales.
¿Cómo estaban los sobrecostos?
El esquema ilegal consistía en hurtar agua de pozos y ductos municipales para luego comercializarla con tarifas abusivas, sin que los recursos obtenidos ingresaran al erario público ni a los organismos operadores del agua.
El Secretario de Seguridad del Edomex, Cristóbal Castañeda Camarillo, explicó que el modus operandi variaba según la zona. “Tenían tomas ilegales, lo que vendría siendo el huachicol, ordeñaban las vías de suministro de agua potable para llenar pipas que se vendían a sobreprecio; también había pozos irregulares que agravaban el desabasto”, señaló.
En promedio, el costo regulado por cada 10 mil litros de agua para uso doméstico es de mil 131 pesos, sin embargo, en municipios como Ecatepec el precio se elevaba hasta un 59 por ciento, en Cuautitlán 41.4 por ciento, en Tlalnepantla 32.42 por ciento y en Toluca cerca del 10 por ciento, incrementándose aún más en zonas industriales o residenciales de alta plusvalía, señalaron autoridades mexiquenses.
Las autoridades estatales informaron que la Operación Caudal tiene el propósito de desarticular por completo estas redes que lucran con un recurso esencial para la población.
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