El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, advirtió que existe una “cifra negra” en el número real de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa, ya que la cantidad oficial no refleja la magnitud del problema.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), durante 2025 mil 763 familias han abandonado sus hogares a causa de la inseguridad, sin embargo, Loza Ochoa aseguró que los registros oficiales sólo representan una parte del fenómeno.
“Por mayor presencia que tengan en el estado, siempre se escapan números importantes en el desplazamiento; eso lo hemos registrado desde 2009”, señaló.
El ombudsman estatal explicó que, además de las familias registradas por las autoridades locales, hay personas que huyen hacia otros estados, como Durango, sin ser contabilizadas en los informes oficiales.
“Tenemos una parte del fenómeno que son los que se están yendo a Durango, no sabemos cuántos son; hemos pedido apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de allá para registrar a la población y ver cómo podemos ayudarles”, indicó.
Loza Ochoa también informó que en los últimos días familias de 12 comunidades de Badiraguato (entre ellas La Tuna, Los Alisitos y Huichiopa) fueron obligadas a dejar sus viviendas debido a la presencia de grupos armados y el incremento de la violencia en la zona serrana.
Según el presidente de la CEDH, el desplazamiento forzado, sin embargo, no se limita a Badiraguato. La CEDH también ha recibido reportes en los municipios de Sinaloa, Mocorito y Culiacán, donde continúan los conflictos por el control territorial entre células delictivas.
Desplazados se manifiestan en Palacio de Gobierno
Apenas este lunes, alrededor de 50 personas desplazadas por la violencia en comunidades serranas de Sinaloa y Chihuahua se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Culiacán para exigir la instalación de una mesa intersecretarial y una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya.
Entre los manifestantes había mujeres, adultos mayores y niños provenientes de comunidades de Guasave, Culiacán y zonas limítrofes con Chihuahua, quienes denunciaron que siguen viviendo en condiciones precarias y sin una respuesta efectiva del Estado.
Organismos civiles y de derechos humanos han documentado desde hace más de una década el desplazamiento forzado interno en Sinaloa, principalmente en regiones serranas donde operan grupos del crimen organizado.
Finalmente, la CEDH reiteró su llamado a las autoridades estatales y federales para fortalecer los mecanismos de atención y registro de víctimas, así como garantizar su seguridad, acceso a la justicia y retorno seguro a sus comunidades.
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