En el marco del encuentro multisectorial México por el Clima: Semana de Acción, diversas organizaciones coincidieron en que la descarbonización del transporte público debe convertirse en una prioridad nacional para reducir emisiones y cumplir los compromisos climáticos hacia 2030 y 2050.
Durante la mesa “Descarbonización del transporte rumbo al 2050”, especialistas, representantes del gobierno y de la iniciativa privada coincidieron en que sólo la colaboración entre sectores permitirá concretar una transición efectiva hacia vehículos de cero emisiones.
Liderar la electrificación regional
Durante el encuentro se destacó que México posee las condiciones técnicas y políticas para convertirse en líder regional en electrificación del transporte, especialmente porque la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reconocido la relevancia de este proceso en la agenda nacional.
La reunión fue convocada por la Iniciativa Climática de México (ICM) y contó con la participación de Climate Group, Política y Legislación Ambiental (POLEA), Sostenibilidad Global y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), así como de autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno (SEDEMA) de la Ciudad de México, Naciones Unidas México, el Centro Mario Molina, entre otras organizaciones.
También se señaló que una de las acciones más urgentes sería la renovación de la flota del transporte público en las 94 ciudades más grandes, proyecto que requeriría una inversión aproximada de 1 mil 080 millones de pesos.
Más allá de la tecnología
La transición hacia un transporte de cero emisiones “no depende solo de la tecnología, sino de transformar el modelo económico”, coincidieron expertos.
El país enfrenta el riesgo de rezagarse ante la falta de una política industrial sólida y la dependencia económica de combustibles fósiles. Además, el verdadero desafío radica en el transporte público urbano y de carga, sectores responsables de la mayor parte de las emisiones, es por ello que la movilidad eléctrica debe concebirse como una política de bienestar y justicia social.
Si la descarbonización logra politizarse de manera positiva, estaríamos más cerca de consolidar un modelo integral de movilidad eléctrica. Por ello, es indispensable priorizar:
- Inversiones en transporte público.
- Garantizar accesibilidad universal.
- Fortalecer la seguridad vial.
- Disminuir la contaminación en comunidades vulnerables, con resultados verificables y medibles.
Una forma de lograrlo sería a través de crear incentivos fiscales que impulsen la producción nacional de autos eléctricos. “Poner reglas claras que favorezcan la oferta en las empresas privadas es una forma de que el gobierno y las empresas dialoguen y encuentren soluciones comunes para el cambio climático”, se dijo.
Medidas urgentes
El país debe adoptar las siguientes medidas inmediatas para avanzar en la descarbonización del transporte:
- Detener la importación de vehículos usados.
- Eliminar gradualmente el diésel.
- Reorientar los subsidios de combustibles fósiles hacia la electromovilidad.
De igual forma se exhortó a tener una mayor coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); y la Secretaría de Salud (SALUD), con el fin de integrar una estrategia nacional coherente que impulse la movilidad sostenible y reduzca las emisiones contaminantes.
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