El consumo de cigarros ilegales en México alcanza cifras preocupantes, de acuerdo con un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Actualmente, 3 de cada 10 cajetillas que se fuman en el país provienen del mercado ilícito, lo que representa pérdidas fiscales cercanas a 26 mil 700 millones de pesos anuales y un retroceso en las políticas públicas de control del tabaco.
El informe fue elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN y se suma a los análisis desarrollados anteriormente por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2017 y 2023.
Para dicha investigación, se recolectaron 9 mil 125 cajetillas en 11 ciudades del país, lo que permitió estimar que durante 2025 se consumen más de 11 mil millones de cigarros ilegales, sin cumplir con normas sanitarias ni con las obligaciones fiscales.
Mercado en expansión
El estudio confirma que el mercado ilegal ya concentra el 28% del consumo total en México, una proporción que se ha triplicado desde 2017. A pesar de los aumentos sostenidos en los impuestos al tabaco legal, los niveles de tabaquismo se han mantenido prácticamente estables en los últimos diez años. Esto significa que las políticas fiscales no han logrado disuadir el consumo, pero sí han generado un espacio favorable para el crecimiento de productos ilegales de bajo costo.
De acuerdo con los resultados, ocho de las once ciudades evaluadas duplicaron su porcentaje de consumo en comparación con el estudio más reciente del INSP. Entre las urbes con mayor incidencia destacan:
- Guadalajara (49%).
- Monterrey (46%).
- Mérida (37%).
Lo que refleja que el problema se concentra especialmente en zonas urbanas de alta demanda.
Riesgos fiscales y de salud pública
La institución advierte que la proliferación de estos productos representa un retroceso en la política de control del tabaco. Por un lado, los bajos precios y la accesibilidad de estos productos fomentan la continuidad del consumo. Por otro, la evasión de impuestos limita la recaudación fiscal y debilita la capacidad del Estado para financiar programas de salud y prevención.
Además, al no cumplir con la normativa vigente, estos no garantizan estándares mínimos de calidad, lo que incrementa los riesgos sanitarios para los consumidores. De esta manera, la problemática impacta tanto en la economía nacional como en la salud pública, generando un doble desafío para las autoridades.
Reforzar medidas
Ante este panorama, la casa de estudios instó al Estado mexicano a fortalecer las acciones contra el comercio ilícito de tabaco enfatizando la necesidad de mejorar la aplicación de la ley, reforzar los mecanismos de fiscalización y diseñar estrategias que reduzcan la disponibilidad de cigarros ilegales en el mercado; combatir este fenómeno permitirá proteger la recaudación fiscal, consolidar la seguridad del país y reforzar las políticas de salud generadas para tal fin.
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