
El 10 de septiembre, una pipa que transportaba 49 mil litros de gas licuado de petróleo se volcó bajo el puente de La Concordia, en Iztapalapa, poco después de las 13 horas, causando un accidente que dejó más de treinta personas muertas y decenas de heridos.
El incidente ocurrió en plena tarde, cuando miles de personas transitaban por una de las principales vialidades del oriente de la Ciudad de México. Aunque muchos trataron de escapar, fueron alcanzados por las llamas.
Después de esta tragedia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció cambios en el reglamento de tránsito y nuevas medidas para el transporte de materiales peligrosos dentro de la capital mexicana, con el objetivo de la no repetición de este tipo de accidentes.
El endurecimiento de los controles para el transporte de materiales peligrosos introduce nuevos horarios, límites de velocidad, requisitos y sanciones para los transportistas, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes graves en una ciudad donde cada semana transitan cientos de pipas cargadas con sustancias tóxicas.

Se establecen horarios según la capacidad de los camiones
Las unidades con capacidad inferior a 10.000 litros podrán circular entre las 10:00 y las 18:00 en todas las vías, mientras que los vehículos con tanques de entre 10.000 y 20.000 litros quedarán restringidos a vías primarias en ese mismo horario.
Para los transportes de hasta 40.000 litros, la circulación se limitará exclusivamente al horario nocturno, de 22:00 a 05:00. Cualquier vehículo que supere esa capacidad tendrá prohibido el acceso a las calles de la ciudad.
El límite de velocidad para todos los transportes de sustancias peligrosas se fijará en 30 kilómetros por hora, independientemente de la vía por la que circulen.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, “una reducción de velocidad puede marcar la diferencia entre un accidente controlado o una tragedia que paralice a la ciudad”.
Esta medida busca minimizar el impacto de posibles incidentes y facilitar la reacción de los servicios de emergencia.
Aunque el artículo 27 del Reglamento de Tránsito ya obligaba a los conductores a respetar rutas y horarios autorizados, mantener señalización visible y cumplir con protocolos de seguridad, la experiencia ha demostrado la existencia de vacíos en la aplicación de estas normas.
Se han detectado casos de conductores que modifican rutas o realizan paradas no autorizadas, así como una limitada capacidad de respuesta de las autoridades ante infracciones.
Multas por no cumplir las reglas de tránsito
En cuanto a las sanciones, los conductores que incumplan las nuevas reglas podrán enfrentar multas de hasta 200 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a 22.628 pesos aproximadamente, además de la pérdida de tres puntos en la licencia de manejo.
Para reforzar la vigilancia, se instalarán radares móviles en los cinco principales accesos carreteros a la capital: México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Puebla.
Estos dispositivos estarán enfocados exclusivamente en el transporte de materiales peligrosos, con el fin de evitar confusiones con los automovilistas particulares y asegurar el cumplimiento de los nuevos límites de velocidad y horarios.
Los requisitos para obtener la licencia de conducir tipo E12 también se incrementarán.
Ahora será indispensable aprobar un curso de manejo de sustancias peligrosas y presentar constancias de capacitación avaladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en línea con lo que se exige para las licencias federales.
Además, se propondrá al gobierno federal que el permiso para el traslado de sustancias tóxicas solo se otorgue tras la presentación de un dictamen de una unidad verificadora avalada por la Secretaría de Energía, que certifique el cumplimiento de la norma 007 SESH-2010.
Por último, los vehículos destinados al transporte de materiales peligrosos deberán contar con un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y las empresas responsables tendrán la obligación de desarrollar programas internos de protección civil específicos para la distribución de gas natural, gas LP e hidrocarburos.
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