La propuesta de destinar los recursos recortados al Poder Judicial a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha tomado relevancia en la Cámara de Diputados, impulsada por la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.
La iniciativa, respaldada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y otros grupos parlamentarios, surge tras el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el contexto de la discusión del Paquete Económico 2026.
López Rabadán anunció que presentará, junto con diputadas y diputados de distintas bancadas, una solicitud formal ante las comisiones dictaminadoras, especialmente la Comisión de Presupuesto, para que los fondos recortados al Poder Judicial sean transferidos a la UNAM.
La legisladora argumentó que esta medida responde a la urgencia de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la juventud, especialmente después del homicidio que conmocionó a la comunidad universitaria y puso en el centro del debate la seguridad y el apoyo a los estudiantes.
El asesinato del estudiante en el CCH ha generado un llamado a la acción dentro del Congreso, donde la atención se ha centrado en la necesidad de respaldar a los jóvenes mediante recursos concretos. La diputada panista subrayó que el gobierno debe sostener su discurso de apoyo a la juventud con asignaciones presupuestales reales, y consideró que la coyuntura actual representa una oportunidad para que el Poder Legislativo acompañe a la máxima casa de estudios del país con mayores fondos públicos.
Paquete Económico 2026 y recortes presupuestales
En el marco de la presentación del Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su proyecto la solicitud del Poder Judicial de 85.000 millones de pesos para el próximo año, lo que implica un incremento de 15.000 millones respecto al presupuesto de 2025. Esta petición ha sido objeto de debate entre los distintos grupos parlamentarios, quienes analizan la viabilidad de otorgar dicho aumento en un contexto de ajustes fiscales.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que su grupo impulsará un recorte al presupuesto del Poder Judicial. Monreal expresó que no prevé que se mantenga el monto solicitado y estimó que, al menos, los 15.000 millones de aumento serán eliminados. Además, el legislador adelantó que los recortes no se limitarán al Poder Judicial, sino que también alcanzarán al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La propuesta de destinar los recursos recortados a la UNAM busca alinear el discurso político de respaldo a la educación y la juventud con la asignación efectiva de fondos. López Rabadán insistió en que la universidad requiere un apoyo presupuestal acorde a su papel en la formación de los jóvenes y en la vida pública del país, y llamó a sus colegas a actuar en consecuencia durante el proceso de discusión presupuestal.
En este escenario, la discusión sobre la congruencia entre las declaraciones de apoyo a la educación y la asignación de recursos adquiere relevancia, ya que la decisión de los legisladores podría marcar un precedente sobre la prioridad que se otorga a la educación superior en el reparto del presupuesto nacional. El momento actual representa una oportunidad para que el respaldo a la UNAM se refleje en acciones concretas y en el presupuesto aprobado para el próximo año.
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