La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para que las instituciones públicas de educación media superior y superior dejen de cobrar fichas, cuotas o derechos por examen de admisión a aspirantes en condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta, que adiciona la fracción IV al artículo 62 de la Ley General de Educación, establece que dichos cobros contradicen el principio constitucional de gratuidad y refuerzan desigualdades que afectan a sectores históricamente excluidos. La exención se aplicaría a jóvenes de hogares en situación de pobreza, integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas y personas que hayan sido víctimas de violencia o desplazamiento forzado.
Licerio Valdés argumentó que las barreras económicas impiden que miles de estudiantes continúen su trayectoria académica, especialmente en los niveles medio superior y superior. “En México persisten obstáculos que limitan el acceso a la educación, y uno de ellos es el cobro de fichas, cuotas o derechos por examen de admisión”, expuso.
La legisladora señaló que estos pagos, aunque parezcan menores, representan un gasto significativo para familias en situación de pobreza o en contextos de exclusión, lo que termina condicionando el acceso a la educación. “Estos cobros perpetúan la desigualdad cuando se aplican a personas en situación de vulnerabilidad”, afirmó.
Reducir las desigualdades de origen
De acuerdo con la iniciativa, eliminar los costos de ingreso contribuiría a reducir las desigualdades de origen, eliminar barreras injustas y garantizar que todas las personas, sin importar su contexto socioeconómico, tengan la posibilidad de continuar con su formación académica. Además, reforzaría los mandatos constitucionales de gratuidad y accesibilidad en la educación pública.
La diputada subrayó que el objetivo es avanzar hacia una mayor equidad y promover la movilidad social mediante la eliminación de trabas económicas que limitan la igualdad de oportunidades. “Para cumplir con los mandatos de gratuidad y accesibilidad es indispensable eliminar las barreras que impiden a los más vulnerables ejercer su derecho a la educación”, sostuvo.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y discusión. De aprobarse, obligaría a las instituciones públicas a exentar de pagos de fichas o exámenes de admisión a los aspirantes que acrediten estar en las categorías de vulnerabilidad definidas en la ley.
Con esta medida, se busca que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo por no poder cubrir costos de ingreso, una situación que afecta de manera recurrente a comunidades indígenas, afromexicanas y a quienes enfrentan condiciones de violencia o desplazamiento.
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