
Una iniciativa presentada en el Congreso local solicita a las autoridades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México respetar el marco legal vigente y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de quienes poseen locales en los mercados públicos.
La solicitud tiene como finalidad impulsar procedimientos transparentes y equitativos en la administración y operación de estos espacios, cuya relevancia económica y social es reconocida para millones de habitantes.
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Judith Vanegas Tapia, legisladora que presentó la propuesta a título propio y en representación de Xóchitl Bravo Espinosa del partido Morena, destacó en su intervención que los mercados públicos de la Ciudad de México reúnen características esenciales para la vida urbana y la identidad local.
Detalles de la propuesta

De acuerdo con Vanegas Tapia, los mercados públicos abastecen semanalmente a más de 7 millones de personas y son fuente de alrededor de 285 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos.
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La legisladora aseguró que datos oficiales reportan que los mercados contribuyen con el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad y actúan como “Auténticos amortiguadores de la inflación”, manteniendo precios accesibles en productos básicos y protegiendo la economía familiar.
La funcionaria señaló que “Detrás de estas cifras está la realidad de los locatarios, quienes sostienen estos espacios y al mismo tiempo enfrentan trámites burocráticos, procedimientos desiguales entre alcaldías y muchas veces la falta de certeza jurídica para ejercer plenamente sus derechos”.
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¿De dónde viene esta propuesta?

Según la morenista, durante mesas de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos —presidida por Judith Vanegas Tapia—, comerciantes y asociaciones de locatarios expusieron obstáculos en la gestión administrativa de los mercados, incluyendo trámites lentos, duplicidad de requisitos, discrecionalidad de autoridades y la existencia de intermediarios que incrementan costos y dificultan procesamientos.
La derogación de los lineamientos que digitalizaban trámites ha ocasionado que “hoy miles de locatarios deben acudir nuevamente a las ventanillas de las alcaldías”, lo que implica filas extensas y la reaparición de personal deficiente que encarecen, según la diputada, procesos que deberían ser ágiles y transparentes.
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Entre los argumentos de la iniciativa destaca que la simplificación de trámites tiene impacto directo sobre comerciantes y consumidores, ya que facilita el funcionamiento de la economía local, garantiza precios justos e incentiva la economía circular.
La solicitud expuesta en el Congreso requiere a las 16 alcaldías “implementar procesos homogéneos, transparentes y accesibles en los trámites relativos a los mercados públicos, garantizando certeza jurídica para las personas locatarias y evitando conductas discrecionales o abusos”.
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La iniciativa cuenta con el acompañamiento de integrantes del grupo parlamentario de Morena y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que ha manifestado su disposición a colaborar con las propuestas orientadas a fortalecer el comercio popular.
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