En México, 24 estados han eliminado las sanciones penales para el aborto, aunque en otras aún se considera un delito o solo se permite bajo condiciones específicas.
Pese a que en el 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de esta práctica en el país—esto gracias a un amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)—, muchos estados no se han apegado a esta decisión.
El aborto se regula dependiendo los códigos penales de los estados, por lo tanto, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las que aún se considera delito.
La despenalización del aborto ha avanzado de manera desigual desde 2007, la Ciudad de México fue la primera entidad en permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y posteriormente se sumaron otros estados.
Asimismo, cabe destacar que de acuerdo con información de GIRE, la capital concentra más de la mitad de los expedientes de investigación por aborto.
En lo que va del año, tres estados han despenalizado el aborto, se trata de Campeche, Yucatán y Tabasco.
Son 8 estados que donde el aborto aún es penalizado:
- Durango
- Guanajuato
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
Además, Aguascalientes es un caso particular, ya que restringe el aborto legal solo hasta las 6 semanas de gestación, lo que diversas organizaciones consideran una “prohibición disfrazada”.
Razones detrás de la criminalización del aborto
Las razones detrás de la persistencia de la criminalización del aborto en estos estados son diversas.
SemMéxico identifica la influencia de posturas conservadoras en los congresos locales y la presión de grupos religiosos como factores determinantes para mantener las restricciones.
La falta de voluntad política como un obstáculo clave para la armonización de las leyes estatales con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, la resistencia de algunos sectores sociales y políticos a reconocer el aborto como un derecho humano y un asunto de salud pública contribuye a la permanencia de marcos legales restrictivos.
Aunque el proceso de despenalización ha mostrado avances en los últimos años, aún existen entidades que mantienen restricciones formales o prácticas que impiden el acceso pleno al aborto legal y seguro, perpetuando así una brecha en el ejercicio de los derechos reproductivos en México.
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