José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, recibió la protección de un Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, que ordenó la suspensión de la condena de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala, entre ellos el líder del movimiento, Arturo Hernández Cardona. La medida frena la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la defensa del ex funcionario, quien permanece en prisión por otros delitos.
El tribunal determinó que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa no son considerados terceros interesados en el proceso de amparo directo, pues la sentencia de secuestro que se le imputa a Abarca no impacta de manera directa en la reparación del daño a estas víctimas.
Según la resolución, la condena únicamente corresponde al delito de secuestro en agravio de varios integrantes y dirigentes de la organización social FUP, entre ellos Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan.
La condena original, emitida en 2023, se basó en evidencias que acreditaban la participación del ex alcalde en el secuestro de los activistas del movimiento campesino Unidad Popular, crimen ocurrido en 2013, un año antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
No obstante, en mayo del mismo año, José Luis Abarca fue absuelto del delito de delincuencia organizada relacionado con el caso Ayotzinapa por Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros.
Esta decisión quedó firme luego de que un Tribunal Colegiado confirmó la sentencia, y la Fiscalía General de la República no pudo revertirla, pues el fallo desestimó como insuficientes los elementos probatorios presentados por la entonces Procuraduría General de la República, señalando además que algunas declaraciones se obtuvieron bajo coacción o tortura, y que varios acusados fueron detenidos de manera ilícita.
Pese a la suspensión concedida respecto a la condena por secuestro, Abarca aún enfrenta procesos judiciales vinculados a delitos cometidos durante su gestión al frente del municipio de Iguala. La suspensión vigente impide, por el momento, la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, mientras la situación jurídica del ex alcalde permanece sujeta a la evaluación de los tribunales.
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