
Durante la conferencia matutina de este miércoles, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales, anunció la conclusión de la demolición de una presa ilegal ubicada en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
De acuerdo con lo informado, Duarte habría construido presas clandestinas para desviar agua de forma ilegal en dicho predio.
“En el caso del exgobernador, recordar que era una presa construida de manera ilegal, que retenía el agua e impedía que medianos y pequeños productores realizaran sus actividades”, mencionó Efraín Morales.
Se detalló que, antes de proceder con la demolición, se agotaron todas las instancias jurídicas, y como resultado, fue posible desmontar la presa principal junto con cinco represas adicionales.
“Actualmente esa parte del río se encuentra totalmente liberada. Es un proceso que se encuentra concluido”, se informó.
El funcionario también subrayó que el caso permitió demostrar el uso ilegal del agua, una situación que representaba un abuso hacia la población y los productores de Chihuahua.
“Lo que se hizo fue hacer justicia, de esto se trata este hecho en particular”, concluyó el titular de la dependencia, Morales.
Cronología del caso

Durante la conferencia matutina del 28 de mayo, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), denunció públicamente la existencia de presas, represas y pozos ilegales en un rancho propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
Morales López presentó videos y evidencia visual donde se observa cómo, dentro del rancho “El Saucito”, Duarte construyó sin permisos una presa principal y cinco represas que, en conjunto, acumulaban aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua.
Además, el funcionario señaló que también se encontraron pozos operando sin título de concesión, los cuales fueron clausurados por la dependencia federal.
El 26 de mayo, Conagua notificó a Duarte que se iniciaría un procedimiento para demoler estas obras hidráulicas ilegales. Los trabajos comenzaron el martes siguiente, pero se vieron interrumpidos temporalmente por una suspensión provisional concedida a través de un juicio de amparo indirecto.
“Vamos a presentar todos los procedimientos legales contra quienes resulten responsables, ya sea de manera directa o por complicidad, para que este tipo de abuso no se siga cometiendo”, advirtió el titular de la Conagua.
Sin embargo, el 6 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó dicha suspensión, al considerar válidos los argumentos de Conagua. El tribunal determinó que los responsables no contaban con título de concesión para el uso de aguas nacionales y que el municipio carecía de facultades para autorizar obras de ese tipo.
La Conagua explicó que las presas y represas construidas por Duarte modificaban el cauce natural del arroyo El Saucito, el cual alimenta al río Agujas, que a su vez conecta con el río Conchos y, finalmente, el río Bravo.
Esta alteración, señaló el tribunal, afectaba el interés social y el orden público, ya que comprometía la gestión de un recurso natural esencial: el agua.
“Se trata de una de las muchas acciones que se cometieron durante el periodo neoliberal, donde, bajo el amparo del poder político y económico, se obtenían beneficios de manera personal”, declaró Morales López.
El funcionario lamentó que estas acciones se dieran en un estado como Chihuahua, altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y con una gran cantidad de productores afectados por la escasez de agua.
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