Academia Mexicana de Ciencias Penales rechaza reforma a Ley de Amparo, advierte sobre riesgos en tres rubros

La Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) rechazó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República la semana pasada, al considerar que la propuesta “desprotege a las personas humanas y jurídicas frente al poder e instituciones del Estado”.

En un comunicado, la academia expresó su preocupación por dicha iniciativa, acusando que “coloca en el centro de la ley a la autoridad y no a la ciudadanía", además de que facilita el incumplimiento de sentencias y vulnera tratados internacionales.

“Lo anterior obedece no sólo a los diversos condicionamientos para el otorgamiento de suspensiones, sino también porque coloca en el centro de la ley a la autoridad y no a la ciudadanía, como debe ser en el Estado social y democrático de derecho.

“Asimismo, porque facilita el incumplimiento de sentencias, vulnerando de esta forma tratados internacionales de los que México es parte, dejando en estado de indefensión a las personas gobernadas frente a la autoridad, mientras al mismo tiempo pone en la mira a las personas jurídicas, con especial referencia al ámbito fiscal”, puntualizó en el documento.

Por ello, exhortó a que el Congreso de la Unión debata la iniciativa en un parlamento abierto en el que, entre otras dimensiones, se analicen urgentemente tres rubros para su atención y modificación.

Uno de los tres rubros en cuestión es el Cumplimiento de Sentencias, al afirmar que las resoluciones judiciales deben respetarse como parte del Estado de Derecho, por lo que la autoridad fiscal no debe reinterpretar ni condicionar su cumplimiento.

Por ello, sugiere establecer mecanismos que garanticen que las sentencias se cumplan en tiempo y forma, evitando dilaciones administrativas.

El segundo rubro es la Suspensión Penal. En este apartado, la AMCP plantea que la suspensión del procedimiento en casos fiscales debe estar claramente regulada para evitar abusos o interpretaciones discrecionales.

Ante ello, propone que la suspensión penal proceda cuando el contribuyente demuestre que está en proceso de regularización fiscal.

Asimismo, que se respete el principio de presunción de inocencia mientras se resuelve el fondo del asunto fiscal y se evite el uso del procedimiento penal como herramienta de presión indebida contra los contribuyentes.

El último rubro es sobre el Interés Legítimo, para el cual propone ampliar y clarificar dicho concepto, para que más contribuyentes y profesionales puedan ejercer acciones legales en defensa de sus derechos. Esto incluye:

• Reconocer el interés legítimo de los contadores públicos cuando las disposiciones fiscales afectan el ejercicio profesional.
• Permitir que los contribuyentes impugnen normas generales que les impactan, aunque no hayan sido directamente aplicadas.
• Fomentar una interpretación más abierta que fortalezca el acceso a la justicia fiscal.