Nueva ley contra la extorsión será aprobada en el Senado, ¿Cuándo entrará en vigor?

En el Pleno del Senado es inminente la discusión sobre la reforma constitucional en materia de extorsión y se prevé su aprobación con el apoyo de todas las bancadas, por lo que podría ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este mismo 2025.

La iniciativa presidencial busca dotar al país de un marco legal uniforme y actualizado que permita enfrentar la extorsión con mayor eficacia, explicó Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República.

Laura Itzel Castillo Juárez subrayó en un mensaje difundido en redes sociales que, una vez que la reforma sea aprobada tanto por el Senado como por los congresos estatales, entrará en vigor y el Congreso dispondrá de un plazo de 180 días para avalar la legislación secundaria correspondiente.

El pasado 18 de septiembre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta modificación faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión, un paso considerado fundamental para la homologación de criterios y sanciones en todo el territorio nacional.

Por qué una reforma contra la extorsión

La exposición de motivos de la iniciativa destaca que la extorsión constituye un delito de jurisdicción concurrente, ya que está contemplado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales de las entidades federativas.

Esta situación ha generado una regulación dispar, con diferencias en los bienes jurídicos protegidos, los verbos rectores del tipo penal, así como en las agravantes, modalidades y penalidades asociadas.

La disparidad normativa se refleja también en la distribución geográfica de la incidencia delictiva. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61,8 % de las víctimas de extorsión registradas desde 2024 hasta enero de 2025, siendo el Estado de México responsable por sí solo del 33,1 % de los casos.

Uno de los principales obstáculos para el combate efectivo de la extorsión a nivel nacional, según el documento de la iniciativa, es la falta de homologación de las penas.

Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y hasta 12 años como pena máxima, lo que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las condenas previstas en los diferentes marcos legales.

Por ejemplo, mientras que en el ámbito federal la penalidad oscila entre dos y ocho años, en Oaxaca va de uno a tres años, y en Chihuahua se sitúa entre cinco y 30 años.

La aprobación de la reforma constitucional permitirá corregir estas diferencias, estableciendo criterios uniformes que faciliten la persecución y sanción de la extorsión en todo el país.