
En el interior del penal de Huejotzingo, en el estado de Puebla, un video registrado por cámaras de seguridad captó una agresión física de un custodio contra una Persona Privada de la Libertad (PPL).
La filmación, obtenida mediante una denuncia anónima y que se hizo viral en redes sociales, muestra el momento en que el agente golpea a un recluso esposado ante la presencia de otros uniformados.
El material difundido evidencia cómo el custodio patea en el estómago y golpea la cabeza del interno sin que sus compañeros intervengan para frenar la agresión.
Medios locales y testimonios recabados confirman que los hechos ocurrieron dentro de la cárcel municipal y que los videos se originaron en las instalaciones del penal de Huejotzingo.
Autoridades carcelarias dan preferencias a internos
Según la denuncia realizada por familiares de los propios detenidos, los directivos de la cárcel han recurrido a amenazas contra los internos.
“Los amenazan con trasladarlos al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tepexi de Rodríguez si no obedecen las órdenes”, señalaron personas vinculadas al caso.
Las mismas fuentes afirman que este tipo de advertencias buscan disuadir cualquier intento de resistencia o denuncia por parte de los reclusos.
Información proporcionada al medio local Municipios Puebla indica que existen señalamientos adicionales contra el titular del penal.
Las fuentes aseguran que el actual director permite el uso de teléfonos celulares dentro del penal y favorece a ciertos internos con privilegios especiales, como el acceso a redes sociales. Esta situación genera desigualdad y tensiones al interior del reclusorio, de acuerdo con la denuncia anónima.
Esta práctica está prohibida por el reglamento penitenciario de Puebla y constituye una falta grave según las autoridades estatales.
Tras la circulación del video y la recepción de la denuncia, se ha solicitado la intervención urgente de las autoridades estatales y municipales con el objetivo de frenar las agresiones físicas contra los internos y garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Hasta el momento, las autoridades de Huejotzingo y del gobierno estatal no han emitido un posicionamiento público acerca de las agresiones denunciadas ni sobre los presuntos privilegios otorgados dentro del penal.
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