La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora informó que presentará recursos de revisión tras la resolución dictada por una Jueza de Distrito que liberó a Gerardo “N” y Manuel “N”, quienes fungieron como ex servidores públicos del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora.
La Fiscalía indicó que, aunque se acataron las resoluciones emitidas por la autoridad federal, no se comparten los argumentos utilizados para liberar a los imputados.
De acuerdo con una publicación en X de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, se subrayó que ambos, como servidores públicos, tenían la obligación de aplicar las medidas de seguridad y vigilancia a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de prevenir delitos —en particular la evasión de presos— conforme a los protocolos y normatividad aplicables.
Contexto de los hechos y motivo de desacuerdo

Manuel “N”, exmando de seguridad y Gerardo “N”, extitular del Sistema Estatal Penitenciario, fueron procesados por su presunta responsabilidad en la fuga de Salú Francisco Hernández Tenorio, alias ‘El Ponchis’, líder de Los Salazar, quienes operaban al servicio de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
El también conocido como El Fantasma, fue capturado por delito contra la salud y falsedad de declaraciones en mayo del año en curso y fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. También es investigado por diversos delitos de homicidio ocurridos entre 2015 y 2021.
Los Salazar se separaron cuando Iván Archivaldo Guzmán Salazar prohibió la fabricación y venta de fentanilo luego de que el gobierno de Estados Unidos los señaló de ser los principales traficantes a la Unión Americana. Al no seguir la orden de Archivaldo, comenzó una disputa por el territorio y El Ponchis operaba en regiones como Hermosillo, Sáric, Tubutama, Trincheras, Santa Ana, Altar y Magdalena.
La acusación contra los exfuncionarios se basa en que ambos, en su calidad de servidores públicos y titulares de responsabilidades en el sistema penitenciario, estaban obligados a garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad, vigilancia y control para prevenir la fuga de internos, siguiendo la normatividad y los protocolos institucionales vigentes.
De acuerdo con el comunicado emitido por la institución a las 20:03 horas del pasado lunes 1 de septiembre, el argumento principal de la resolución judicial fue que la evasión del interno no ocurrió como consecuencia de las omisiones detectadas en el desempeño de las funciones de los ex servidores públicos.
La presunta razón habría sido originada por una orden emitida por un comandante, quien permitió el ingreso y egreso al centro penitenciario de varias personas, incluida la persona evadida, sin observar los protocolos establecidos.
Por tal motivo, la Fiscalía consideró insuficiente y errónea esta justificación y recalcó que las circunstancias no ocurrieron de la manera en la que se está mencionando.
Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora anunció que presentará en tiempo y forma los recursos de revisión en contra de la resolución, y dará vista al nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, considerando que la actuación judicial se realizó en contravención del texto expreso de la ley aplicable.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que el Estado de Sonora mantiene su compromiso con el interés superior de la justicia, y manifestó que confía en que, con la nueva composición del Poder Judicial de la Federación, resoluciones de este tipo se eviten por afectar gravemente el estado de derecho.
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