El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, por unanimidad, archivar el expediente contra Pío López Obrador, hermano del expresidente de México, acusado de recibir recursos ilegales para financiar actividades políticas. La resolución generó un intenso debate público y fue abordada en la columna Historias de reportero del periodista Carlos Loret de Mola, bajo el título Pobre Pío.
El caso se remonta a 2020, cuando Latinus difundió videos en los que Pío López Obrador aparece recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo, entregados por David León, entonces operador político del gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco. En las grabaciones, Pío reconocía que se trataba de aportaciones mensuales de 400 mil pesos y que el dinero era destinado a su hermano, Andrés Manuel López Obrador. Según sus propias palabras, había recibido estos recursos durante año y medio, lo que sumaría más de 7 millones de pesos.
En su momento, el entonces presidente López Obrador declaró que dichas entregas no eran actos de corrupción, sino “aportaciones para fortalecer al movimiento”. David León, posteriormente, se integró al gabinete ampliado del mandatario, mientras que el Partido Verde, liderado por Velasco, se unió a la coalición que impulsó su campaña presidencial.
Pese a la evidencia videográfica y a la admisión pública de Pío, señala Loret de Mola en su columna, el INE concluyó que no existían elementos para continuar con la investigación. Sin embargo, consejeros como Jaime Rivera y Dania Ravel señalaron que la falta de resultados obedeció a trabas institucionales, entre ellas la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a colaborar y la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de no ejercer acción penal por ausencia de registros bancarios o fiscales.
La investigación también enfrentó retrasos significativos: el INE tardó cinco años en intentar notificar a López Obrador, acudiendo en abril de 2025 a su domicilio en Tlalpan en lugar de Palenque, donde reside desde hace tiempo.
En el proceso, el abogado de Pío López Obrador fue Salvador Nava Gomar, exmagistrado del Tribunal Electoral y defensor de Claudia Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024.
Carlos Loret de Mola subraya que, paradójicamente, el único llevado a tribunales por este caso fue el propio periodista que difundió los videos, o sea, él mismo. Pío demandó a Latinus y a Loret exigiendo 600 millones de pesos como reparación de daño a su “honra”.
El caso ha reavivado críticas hacia el sistema de fiscalización electoral y la independencia de las instituciones. Como símbolo del entramado político, Loret recuerda que, tras asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum fue fotografiada besando la mano del senador Manuel Velasco, a quien se señala como el origen de los recursos entregados a Pío.
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