Gobierno de Sinaloa descarta ejecuciones extrajudiciales en operativos militares y policíacos

El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, rechazó que en la entidad existan casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por corporaciones de seguridad o las Fuerzas Armadas, luego de que en los últimos meses se han registrado muertes en operativos que familiares de las víctimas han cuestionado públicamente.

“Cualquier persona, ante una situación de violencia, o en este caso algún individuo abatido por las Fuerzas Armadas o policiales, tiene derecho a presentar denuncias. Hablar de ejecuciones extrajudiciales es otra dimensión. No hay tales”, declaró el funcionario estatal.

Castro Meléndrez enfatizó que ninguna muerte debe ser motivo de celebración, pero insistió en que, si existen reclamos, corresponde a la ciudadanía interponer denuncias y a la Fiscalía General del Estado abrir las investigaciones correspondientes.

Caso Rosario y otros antecedentes

El secretario fue cuestionado sobre el caso de Alexis, un joven motociclista de 23 años abatido en Rosario por elementos del Ejército. Al respecto, sostuvo que la versión oficial es que se trató de una respuesta a una agresión directa contra militares.

“En este caso en concreto, como muchos más, fue informado en la Mesa de Construcción de Paz. El reporte de Defensa fue que, al recibir la agresión, responden teniendo ese resultado”, puntualizó.

El funcionario agregó que, de existir denuncias en contra de soldados o policías, estas deben ser atendidas por las agencias ministeriales, subrayando que el Gobierno del Estado no tiene competencia para determinar responsabilidades.

La polémica sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales ha surgido en varios episodios recientes en Sinaloa. El 21 de septiembre de 2024, un enfrentamiento en el sector Tres Ríos de Culiacán dejó tres personas abatidas. Entre ellas estaba Juan Carlos “N”, cuya familia sostuvo que no participaba en actividades delictivas y acusó a los militares de haberlo atacado directamente.

En mayo de este año, la muerte de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, respectivamente, en Badiraguato, generó indignación. En un primer momento se dijo que fueron víctimas colaterales de un enfrentamiento; sin embargo, días después la Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos castrenses vinculados al hecho fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

En julio, un operativo de la Policía Estatal en la comunidad Estancia de los García, sindicatura de Tacuichamona, terminó con cuatro personas muertas. Una de ellas fue identificada como Jesús Norberto “N” o “El 30”, presunto operador del Cártel de Sinaloa. Sus familiares, al igual que los de otros fallecidos, aseguraron que no hubo enfrentamiento y que las autoridades dispararon contra los vehículos sin mediar palabra.

Contexto de violencia

Sinaloa atraviesa desde septiembre del año pasado una crisis de seguridad que ha derivado en múltiples enfrentamientos y operativos de alto impacto entre fuerzas federales y el crimen organizado o entre propios grupos criminales como la narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

En este contexto, familiares de víctimas han señalado en repetidas ocasiones que algunos de los decesos no corresponden a intercambios de fuego, sino a ataques directos de corporaciones.

No obstante, el secretario general de Gobierno reiteró que los reportes oficiales coinciden en que las muertes han ocurrido durante agresiones a las fuerzas de seguridad. “No son ejecuciones extrajudiciales”, subrayó.