En el municipio de El Oro, Estado de México, la regidora Susana Sánchez ha desatado polémica al rechazar declaraciones de medios que no se alinean con su partido Morena.
En una transmisión del medio local Aurense el pasado 19 de agosto, la funcionaria respondió con firmeza: “yo solo a puro medio de Morena voy a dar (entrevista)”, cuando se le cuestionó sobre la situación salarial en la comuna.
El incidente ocurrió durante una cobertura donde se buscaba su postura respecto a los adeudos pendientes de cuatro quincenas que el gobierno local debe a sus empleados, tanto del DIF como del ayuntamiento.
De hecho, casi al final de la transmisión se puede ver que los periodistas son agredidos por un sujeto que intenta arrebatarles su teléfono con el que transmitían y evitar la denuncia.
A pesar del interés del reportero Pedro Recillas por indagar sobre esta problemática, Sánchez se negó a dialogar, dejando claro su preferencia política.
Tengo la libertad de elegir. Yo tengo mi medio
“Usted es una servidora pública para todo el pueblo, no para Morena”, señaló el reportero.
Ante eso, respondió con un comentario categórico: “tengo la libertad de elegir. Yo tengo mi medio”, reiteró la edil morenista.
El comunicador intentó obtener sus declaraciones, pero la funcionaria clarificó que no otorgaba permiso alguno de poder grabarla, argumentando que tenía derecho a negarse.
“Aparte no me ha preguntado, primero, ¿si doy mi permiso para que me estén grabando? Yo no estoy dando ningún permiso”, destacó la regidora tapándose la cara con una carpeta que traía en las manos.
El periodista le recordó que no era necesaria tal autorización para grabar a una figura pública. Sin embargo, ella continuó defendiendo su postura y afirmó que incluso podría denunciarlo.
Este episodio ha encendido el debate sobre el límite entre los derechos individuales de los servidores públicos y el deber de transparencia que tienen hacia la ciudadanía.
De acuerdo con la Ley para la Protección del Derecho a la Vida Privada, los servidores públicos pueden ser grabados sin pedir autorización, ya que su labor repercute directamente en la sociedad.
El artículo 33 establece que el derecho al honor, privacidad e imagen de un funcionario “queda limitado como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público”.
Muchas personas en redes lamentaron la actitud de la regidora y sobre todo criticaron su conocimiento de la ley, ya que todo funcionario público puede ser grabado sin permiso.
El caso pone a prueba la tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la información. Aunque Sánchez defienda su “libertad de elegir”, muchos coinciden en que el compromiso con la ciudadanía exige transparencia.
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