Desde el Congreso de la Ciudad de México, los diputados capitalinos aprobaron el dictamen que reforma los artículos 5, fracciones 15 y 24, fracción 3 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo, presentado por la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
El legislador Juan Estuardo Rubio Gualito, miembro del Partido Verde Ecologista (PVEM) y representante de la comisión, destacó que la iniciativa parte de una premisa clara: “Nuestras leyes deben construirse desde el respeto, la inclusión y la igualdad”.
Según explicó, el dictamen nace de la certeza de que el lenguaje importa, porque “Cada palabra en la ley es una declaración de lo que sentimos como país. Habla de nuestra empatía, de nuestra responsabilidad y del futuro que deseamos construir juntas y juntos”.
Gualito señaló que la reforma busca sustituir términos discriminatorios o desactualizados, y subrayó que no solo se trata de cambiar palabras, pues “El lenguaje que usamos en la ley tiene el poder de incluir o excluir, de perpetuar prejuicios o de abrir caminos hacia la igualdad”.
Asimismo, mencionó que personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria enfrentan barreras estructurales –físicas, sociales y culturales– que limitan su acceso a un empleo digno, y que incluso se reflejan en la forma en que la ley los nombra.
El legislador afirmó que con esta modificación se envía “Un mensaje claro, el marco jurídico de la Ciudad de México debe estar libre de términos que reduzcan o estigmaticen a las personas, alineado a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y con los compromisos que el gobierno ha asumido ante la comunidad internacional”.
Ley de Protección y Fomento al Empleo
Esta ley fue promulgada en 2008 y a través de los años ha sido objeto de diversas modificaciones.
La Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México establece un marco normativo integral para la protección y promoción del empleo formal, así como para la atención de personas desempleadas mediante un Seguro de Desempleo.
Define con precisión los conceptos y sujetos involucrados, incluyendo a los beneficiarios, autoridades responsables y órganos consultivos.
La ley otorga a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo la responsabilidad de diseñar, ejecutar y coordinar políticas y programas de empleo, así como de garantizar la operación y financiamiento del Seguro de Desempleo.
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