La noche del viernes se registró un nuevo atentado contra el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tuxpan, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, un dron sobrevoló el penal y arrojó dos artefactos con características de explosivos, lo que provocó la inmediata movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales.
Fuentes locales señalaron que los objetos fueron lanzados directamente al interior del penal; sin embargo, no llegaron a detonar, lo que evitó daños mayores. A pesar de ello, la alerta generó un operativo de revisión en la zona y el despliegue de unidades para asegurar el perímetro.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en coordinación con fuerzas federales, implementaron un dispositivo de resguardo alrededor del centro penitenciario y comenzaron con las investigaciones para determinar el tipo de artefactos empleados.
Violencia azota penal de Tuxpan
Tras el incidente acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar la revisión de los artefactos localizados dentro del penal. Los militares efectuaron las primeras inspecciones sobre los objetos, que tenían forma cilíndrica y fueron arrojados desde un dron hacia el interior del Cereso de Tuxpan.
De acuerdo con medios de comunicación de la zona norte de Veracruz, las autoridades confirmaron que se trataba de artefactos con dichas características, aunque no detallaron si contenían algún tipo de material explosivo. La presencia de estos objetos incrementó la tensión en el área y reforzó el operativo de seguridad.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía General (FGE) de Veracruz han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce la naturaleza exacta de los dispositivos y si el ataque estaría vinculado con algún grupo delictivo que opera en la región.
El reciente ataque con drones ocurre en un escenario ya marcado por la violencia al interior del Cereso de Tuxpan. Apenas el pasado 2 de agosto se desató un motín que dejó un saldo de nueve personas muertas (cindo de ellos guatemaltecos), más de diez heridos y serias acusaciones sobre la operación de redes criminales dentro del penal.
El enfrentamiento entre internos se prolongó por más de 12 horas y expuso las tensiones que se venían acumulando, así como las deficiencias en la administración penitenciaria. Testimonios y denuncias apuntan a que en el centro prevalecen prácticas de extorsión y amenazas que habrían sido toleradas durante meses.
Durante la revuelta, circularon videos grabados desde el interior en los que los reclusos acusaban directamente a integrantes del Grupo Sombra de controlar actividades ilícitas desde la prisión.
En esos mismos mensajes, se señalaba que desde el penal se habrían ordenado crímenes recientes, incluido el asesinato de la profesora jubilada Irma Hernández.
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