
Este jueves 14 de agosto de 2025, autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía estatal ofrecieron una disculpa pública a los familiares de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo y Carolina, personas desaparecidas desde el 30 de septiembre del 2010 en la frontera entre Jalisco y Zacatecas.
Esto en el cumplimiento de la Recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante el evento —cubierto por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)—, funcionarios estatales reconocieron públicamente la violación de los derechos a la justicia, la verdad y la integridad personal de las víctimas.
¿Qué dijeron los autoridades?
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, afirmó “El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por violar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas, en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”.
El Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, Jesús Eduardo Villa, puntualizó que la Recomendación 167/2023 obligaba a la aceptación integral del documento por parte de las autoridades estatales: “Reconocer las omisiones y restablecer la dignidad de las víctimas directas e indirectas, así como de los jóvenes hijos, padres y madres de familia que tienen un proyecto de vida, es un compromiso institucional para que hechos como estos no vuelvan a repetirse”.
Entre los compromisos asumidos, se destacó la urgencia de garantizar la reparación integral del daño, que abarca compensación, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición.
La CNDH hizo un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco para cumplir estas obligaciones y continuar con el acompañamiento institucional a las familias.
“La fiscalía mantiene maltrato a familiares de personas desaparecidas”

El acto, sin embargo, provocó un profundo descontento entre familiares, María Natividad Guerrero Sedano, madre de una de las víctimas, dirigió una demanda al Estado:
“Hoy debería ser un día en el que demos un paso en la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Darío Guadalupe Cruz Guerrero y mi yerno Ramón Enciso Ramírez (...) Para nosotros, las familias que en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas y muy desgastadas, sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por la Vice Fiscalía de Derechos Humanos”.
Guerrero Sedano agregó: “Hoy me doy cuenta nuevamente que la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene sus prácticas de maltrato hacia las familias de personas desaparecidas”.
Diego Enciso Cruz, víctima indirecta, señaló que la búsqueda de sus padres debió iniciar de inmediato tras la notificación de su desaparición. Relató que la falta de acción de las instituciones públicas lo dejó sin el acompañamiento de sus progenitores desde los tres años y planteó que esa ausencia le ha impedido construir recuerdos junto a ellos. Agregó que la ausencia de información sobre su paradero, incluso después de casi quince años, continúa generándole angustia.
Los reclamos señalaron que aunque las disculpas públicas constituyen un avance relevante según familiares, diversas omisiones en el acto y la falta de cambios estructurales en la atención a víctimas mantienen el reclamo de verdad y reparación.
Al unísono, familiares y buscadores de personas desaparecidas corearon: “¿Dónde están?, ¿Por qué los buscamos, por qué los amamos?“ , con lo que finalizó la disculpa pública.
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