La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones a cuatro sujetos y 13 empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tienen esquemas de fraude de tiempos compartidos y del robo de combustible, conocido como huachicol.
De acuerdo con la OFAC, dichas compañías e individuos mantienen operaciones en Puerto Vallarta, un destino turístico relevante y considerado enclave estratégico de la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.
El reporte señala que las sanciones afectan a Francisco Javier Gudiño Haro, Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y de manera directa destacan a Michael Ibarra Díaz Jr., la cuarta persona ligada al CJNG y que figura como líder de una red corporativa integrada por firmas dedicadas a servicios inmobiliarios, turismo, contabilidad y servicios automotrices.
Empresas mencionadas por la OFAC
Según la información proporcionada por la OFAC, entre las empresas enlistadas se encuentran inmobiliarias como: Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa SA DE CV, Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Servicios Inmobiliarios Ibadi, KVY Bucerías, Sunmex Travel y la Inmobiliaria Integral del Puerto.
También figuran empresas como CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, SA DE CV que realizaban actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría así como consultoría fiscal.
Además están de tipo turístico como es el caso de Crucero Santamaria S. de R.L. de C.V., Bucerías, TTR Go, Fishing Are Us y Santamaria Cruise.
Estas acciones se implementaron de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, referentes a la proliferación de drogas ilícitas y financiamiento al terrorismo.
Según la OFAC, el CJNG desarrolla esquemas de estafa que aprovechan información de propietarios estadounidenses de tiempo compartido obtenida a través de cómplices internos.
Mediante llamadas o correos, los estafadores fingen representar a corredores de bienes raíces, abogados o firmas de servicios financieros para solicitar pagos anticipados de “cuotas” e “impuestos”.
Las víctimas transfieren fondos a cuentas mexicanas y, en ocasiones, sufren nuevas extorsiones por parte de individuos que se hacen pasar por abogados u oficiales de gobierno. Datos de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) y el FBI señalan que sólo en 2024 se recibieron cerca de 900 reportes de quejas relacionadas con estos fraudes, estimando que los estadounidenses afectados habrían perdido más de 50 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses remarcaron que todo bien o interés en bienes de las personas o empresas designadas, que esté bajo jurisdicción estadounidense, pasa a estar bloqueado.
Además, cualquier entidad que sea propiedad de los sancionados en al menos 50 % queda sujeta a las mismas restricciones.
“Venimos por los cárteles de la droga terroristas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que está inundando nuestro país con fentanilo”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro. La medida, según el comunicado, busca desarticular los múltiples flujos de ingresos ilícitos que sostienen la actividad del CJNG, incluida la modalidad de fraude de tiempo compartido contra adultos mayores estadounidenses.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación, definido como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, figura desde 2015 en la lista de cabecillas extranjeros del narcotráfico y desde 2025 como organización terrorista extranjera.
Las autoridades destacan que la reacción ante el endurecimiento de controles antidrogas ha sido diversificar actividades delictivas hacia la extorsión, robo de combustible y nuevos fraudes.
El Departamento del Tesoro recomienda a personas titulares de tiempos compartidos en México revisar minuciosamente las ofertas no solicitadas y rechazar propuestas que impliquen pagos adelantados.
Las sanciones pueden implicar consecuencias civiles o penales para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que las violen, así como restricciones adicionales para instituciones financieras que celebren operaciones relevantes en nombre de personas designadas.
El objetivo, puntualiza el comunicado de la OFAC, es presionar a las organizaciones criminales y evitar que continúen beneficiándose de flujos ilícitos que ponen en riesgo a víctimas en ambos países.
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