
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga un probable caso de maltrato animal ocurrido el pasado 31 de julio en el municipio de Calkiní, Campeche, donde ejemplares de fauna silvestre como serpientes e iguanas habrían sido introducidos en cántaros de barro para que niños los rompieran a manera de piñata, exponiendo a los animales a situaciones de estrés y sufrimiento.
El origen de la intervención fue una denuncia ciudadana alertando sobre el uso inadecuado de especies silvestres en este tipo de celebraciones locales. Inspectores de Profepa acudieron a la comunidad antes de la realización del evento, con el objetivo de advertir a los organizadores y habitantes que está prohibido utilizar vida silvestre en festividades. Sin embargo, el personal fue confrontado y obligado a retirarse por pobladores de la zona.
La dependencia federal precisó en un comunicado fechado el 7 de agosto que ya realizó una reunión con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, con el propósito de iniciar investigaciones por posibles delitos previstos en los artículos 381, 382 y 385 del Código Penal del estado de Campeche. La Profepa afirmó que “se inició una serie de acciones orientadas a prevenir y sancionar cualquier acto que vulnere la integridad y el trato digno de la vida silvestre”.
El siguiente paso incluyó una reunión con el Ayuntamiento de Calkiní, al que se exhortó formalmente a ajustar su actuación conforme a la Ley General de Vida Silvestre y atender los artículos 84 al 86 del Bando Municipal y el Reglamento de Medio Ambiente local, que los obliga a colaborar con las autoridades ambientales de todos los niveles para la protección del equilibrio ecológico. El exhorto advierte la responsabilidad directa de las autoridades municipales en la prevención y sanción de cualquier acto de maltrato animal.
Por posibles implicaciones en la integridad psicoemocional de los menores que participaron, la Profepa también dio aviso a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche. Asimismo, notificó a la Comisión Especial para la Protección y Bienestar Animal del Congreso estatal, dado que se investiga la posible participación de una diputada local en la organización del evento, lo que podría configurar responsabilidades penales para funcionarios públicos según el artículo 421, fracción V, del Código Penal estatal.
El comunicado advierte que, de comprobarse daño directo a ejemplares silvestres, podría configurarse el delito federal contenido en el artículo 420 del Código Penal Federal, con penas de hasta nueve años de prisión y multas significativas.
La Profepa enfatizó que el uso de animales silvestres en espectáculos o actividades que impliquen sufrimiento está expresamente prohibido por la Ley General de Vida Silvestre. Recordó que la protección del medio ambiente es una obligación colectiva y llamó a la sociedad a sumarse a la defensa del bienestar animal, sin dejar de reconocer las tradiciones comunitarias, pero siempre dentro del marco legal y de respeto a los derechos fundamentales.
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