Alicia Villarreal dio a conocer que está oficialmente separada de Cruz Martínez meses después de denunciarlo públicamente por violencia y robo.
En una entrevista exclusiva para Ventaneando, la intérprete de regional mexicano anunció su separación legal y la definió como el fin de un ciclo necesario, pero aún sigue en pie la denuncia que interpuso en su contra hace unos meses.
Alicia Villarreal está legalmente divorciada de Cruz Martínez
‘La Güerita Consentida’ dio a conocer en el programa de revista que el proceso de divorcio comenzó desde 2024, mucho antes de que denunciara pública y legalmente a su entonces pareja.
Sin embargo, debido a que su casamiento ocurrió en Estados Unidos, los trámites se alargaron, pero tras más de dos décadas juntos el proceso se ha formalizado y están oficialmente divorciados.
“A partir de hoy llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien”, reveló para Ventaneando.
Pese a sentirse en paz con su decisión, reconoció que los recuerdos que construyeron juntos siguen presentes, pues a lo largo de los años formaron una sólida familia.
“No deja de haber una historia, tantos años y la familia, todo lo que sucede dentro de esa ilusión que un día tuviste. Sí era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad. Necesitaba salir de donde siento que no me había ido bien”, concluyó.
Filtran documentos del divorcio de Alicia Villarreal
Horas después de que se dio a conocer la noticia, se filtró un documento en el que se detalla que ninguna de las partes está obligada a pagar los honorarios de los representantes legales del otro, lo que podría significar que su divorcio ocurrió sin intereses de por medio.
De acuerdo con un documento mostrado en el programa De primera mano, la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” no está obligada a solventar los gastos por decisión del juez.
“En el documento filtrado hasta nuestra redacción se lee que no habrá condena en gastos y costas”, explicó Gustavo Adolfo Infante.
Lo que significa que el juez no ordena que una de las partes pague los gastos judiciales ni los honorarios de abogados y procuradores de la otra parte; en este caso, cada parte se hace cargo de sus propios gastos legales, sin que exista obligación de reembolsar los del contrario, independientemente del sentido de la sentencia.
Cabe señalar que es una práctica habitual en los procedimientos de divorcio para evitar agravar el conflicto entre los involucrados.
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