La movilidad infantil segura en México enfrenta una crisis silenciosa. Cada año, aproximadamente 75 mil niñas y niños sufren lesiones en siniestros de tránsito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022.
De estas lesiones, una gran parte podría evitarse mediante el uso adecuado de Sistemas de Retención Infantil (SRI), sin embargo, la mayoría de las familias mexicanas no utilizan estos dispositivos o lo hace incorrectamente.
Irresponsabilidad vehicular
Según un análisis realizado entre abril y julio de 2024 por México Unido Libre de Lesiones Infantiles (MUNLI) y El Poder del Consumidor, sólo el 28% de los niños entre 0 y 5 años y el 12% de los que tienen entre 5 y 11 años viajan en un SRI. Lo más alarmante es que muchos de estos sistemas no están certificados ni instalados correctamente, lo que reduce drásticamente su efectividad.
Los SRI son dispositivos de seguridad diseñados específicamente para proteger a menores en vehículos, ya que los cinturones convencionales no se ajustan a su anatomía. Sin embargo, en México no existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule su fabricación, comercialización y uso, lo que ha permitido la venta de modelos sin certificación ni manuales claros de instalación.
El estudio revisó 303 modelos de SRI disponibles en línea. De ellos, el 25% no proporcionaba un manual digital, y el 16% no contaba con información sobre certificaciones. Además, se detectaron ocho dispositivos que, aunque se presentaban como sistemas de seguridad infantil, no cumplían con los criterios mínimos para ser considerados SRI, lo cual genera una oferta confusa y riesgosa para los consumidores.
Lo que viene
En términos de precios, se encontró una gran variabilidad: desde 298 pesos por un dispositivo no certificado hasta 22 mil 899 por uno certificado convertible. Sorprendentemente, en el 95% de los casos es posible encontrar un SRI certificado por el mismo costo que uno sin certificación, lo que evidencia que el precio no siempre es un impedimento para la seguridad, pero sí lo es la falta de información y regulación.
El panorama es aún más preocupante si se considera que los SRI bien instalados y certificados pueden reducir hasta en un 80% las muertes infantiles por accidentes viales.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México obliga al uso de SRI en menores de 12 años, pero su aplicación se ve limitada por la falta de armonización con normativas estatales, reglamentos de tránsito y, especialmente, por la ausencia de una NOM específica que garantice estándares mínimos de seguridad.
Expertos y organizaciones civiles han hecho un llamado urgente a las autoridades para establecer una regulación clara, así como impulsar campañas de concientización, capacitación a padres, operativos de verificación y programas de donación de SRI para familias de bajos recursos. La vida de miles de niñas y niños depende de ello.
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