
Varios funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han sido señalados por presuntos actos de corrupción en el manejo de devoluciones fiscales, una práctica que, de comprobarse, afecta directamente a contribuyentes y al erario. Uno de los casos más graves involucra a Justino Raúl Muñoz Téllez, actual Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del SAT en el estado de Querétaro.
De acuerdo con la columna En primera fila, del periodista Atzayaelh Torres, Muñoz Téllez enfrenta al menos dos denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR. Los señalamientos abarcan presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, extorsión y resoluciones arbitrarias que habrían afectado a contribuyentes, especialmente en trámites de devolución de saldos a favor.
Uno de los expedientes, identificado con el folio DC042400039936, señala que un trámite fiscal solo avanzó después de una reunión directa entre el contribuyente y el funcionario, lo que refuerza las sospechas de prácticas discrecionales. El documento también apunta a una serie de incumplimientos en los plazos legales, decisiones tomadas sin fundamentos jurídicos claros y presuntas presiones indebidas hacia los ciudadanos.
“Existen señalamientos de que su actuar se caracteriza por ejercer presión aprovechándose de la urgencia de los contribuyentes, lo cual ha derivado en la sospecha de que se condiciona el avance de trámites a la búsqueda de beneficios indebidos”, cita el columnista Torres.

A raíz de la denuncia por extorsión, la Fiscalía ha comenzado la recolección de información en varias dependencias federales, lo que indica que el caso ha escalado y cuenta con indicios suficientes para una investigación formal.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Muñoz Téllez continúa en funciones dentro del SAT, despachando desde una oficina estratégica con impacto directo en resoluciones fiscales de alto valor económico. Además, esta no es la primera vez que el funcionario es cuestionado por su proceder.
Durante su gestión previa en el SAT de Aguascalientes, también se reportaron inconformidades por parte de contribuyentes, lo que provocó su traslado a Querétaro, aunque sin consecuencias visibles en términos de responsabilidades administrativas o legales.
Hasta ahora, ni el SAT, ni la Secretaría de Hacienda, ni la dirigencia nacional de Morena han emitido postura sobre el caso. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, no han respondido públicamente a los señalamientos que pesan sobre uno de sus funcionarios de alto nivel.
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