El exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fue vinculado a proceso por segunda ocasión tras una audiencia que se prolongó por más de 10 horas el pasado 8 de julio. Un juez determinó que existen elementos suficientes para imputarlo por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público. Esto en relación con el polémico contrato de arrendamiento de patrullas por más de 161 millones de pesos durante su gestión de 2021 a 2024 .
Al salir del juzgado, Vargas Landeros mantuvo una postura serena, aunque desaprobó el fallo judicial. En sus primeras palabras ante la prensa, dijo:
“Claro que no esperaba este resultado, pero voy a seguir defendiendo nuestro derecho y atendiendo la parte jurídica”.
Vargas Landeros dice “tener derecho a defenderse”
De igual manera, defendió su confianza en el proceso legal:
“Soy respetuoso de las decisiones, pero tengo la voluntad y el derecho de defendernos (...). No tengan la menor duda que sí” .
Finalmente, subrayó que la medida fue necesaria durante la pandemia de COVID-19 y que gracias a ella, la percepción de seguridad bajó en Ahome del 54 al 24 por ciento.
Las medidas cautelares y los próximos pasos en el caso judicial
El juez de control decidió otorgar un plazo de seis meses para que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) lleve a cabo las investigaciones. Las medidas cautelares incluyen la obligación para Vargas Landeros y los demás imputados de firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir del país sin autorización.
Exfuncionarios también ligados al caso
Además de Vargas Landeros, fueron vinculados los siguientes ocho exfuncionarios de su administración en Ahome:
- Genaro García Castro (exsecretario del Ayuntamiento y actual diputado local)
- Julio César Romanillo Montoya (exsecretario de Seguridad)
- Antonio Humberto Vega Arellano (extesorero)
- Gerardo Hervás Quindos (exdirector de Administración)
- Héctor Adonai Beltrán (exdirector de Egresos)
- Marisol Morales Valenzuela y Judith Luna Castro (exregidoras)
- Fausto Ibarra Celis (exdirector del Órgano Interno de Control)
Detalles del contrato y presuntas irregularidades
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa documentó que el 9 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento asignó de forma directa a Grinleasing S.A.P.I. de C.V. un contrato por más de 171 millones de pesos para la renta de 126 camionetas patrullas. Posteriormente, ese contrato se ajustó para 135 unidades y un valor final de más de 161 millones.
La acusación señala que Grinleasing subarrendó las unidades a Casanova Vallejo, lo cual habría provocado un presunto daño al erario de 42 millones de pesos, además del presunto desvío de las patrullas para uso administrativo, en lugar de reforzar la seguridad pública.
¿Cuál es la relevancia de esta segunda vinculación a proceso?
Esta es la segunda vinculación contra Vargas Landeros, quien además enfrentaba una causa por abuso de autoridad. La gravedad de los cargos —con posible daño patrimonial y conflictos de interés en la contratación municipal— ha saltado al centro del debate sobre la corrupción en gobiernos locales de Sinaloa.
Su defensa argumenta que la contratación fue legal y justificada, amparada por disposiciones del Diario Oficial de la Federación (DOF) debido a la pandemia de COVID-19 y financiada con recursos del Ramo 33 (Fortamun).
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