
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión por parte del Gobierno Federal como un paso indispensable para enfrentar un delito que afecta de manera directa al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas en México.
En un comunicado, la Confederación valoró la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la SEDENA, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero advirtió que esta estrategia no tendrá impacto real sin reformas legales profundas.
Coparmex respaldó el anuncio de la presidenta de México sobre la presentación de una iniciativa de ley en materia de extorsión para el próximo periodo ordinario. Desde septiembre de 2023, el organismo impulsa una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en la materia y expedir una Ley General de Extorsión.
Esta ley permitiría articular acciones entre autoridades federales y locales, establecer penas claras y evitar la impunidad derivada de las llamadas “puertas giratorias”.
Datos alarmantes: pérdidas millonarias

De acuerdo con cifras recopiladas por Coparmex, cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión en México, lo que representa pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024. Además, el 12.8 por ciento de los socios de esta Confederación ha sufrido extorsión, principalmente vía telefónica.
La inseguridad es un factor que limita la inversión: 49.5 por ciento de los empresarios consideran que este es el principal obstáculo para crecer.
Por igual destacó la urgencia de frenar las extorsiones telefónicas que se realizan desde centros penitenciarios. Asimismo, llamó a crear Unidades Antiextorsión locales con personal capacitado y protocolos adaptados a cada región.
También insistió en que operadores del 089 cuenten con entrenamiento en manejo de crisis y que se habiliten canales digitales de denuncia.
Mipymes: las más afectadas

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), responsables de generar el 65 por ciento de los empleos formales del país, son las más vulnerables frente a la extorsión. Por ello, se propuso medidas especiales para su protección, como asesoría legal, atención rápida y programas de prevención.
Finalmente, la Confederación reiteró que la estrategia debe acompañarse de campañas de prevención y educación en valores para reconstruir el tejido social. “La extorsión no puede seguir siendo parte de la normalidad en México”.
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