
Las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos del Senado participaron en una sesión el día de hoy, 27 de junio, en la que se aprobó el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones.
Esta reforma ha generado controversia debido a la posibilidad del registro de un padrón con datos de la telefonía móvil de los ciudadanos, la geolocalización y la facultad para suspender transmisiones. El dictamen fue aprobado con 29 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.
Durante la presentación se mencionó que todas las voces fueron escuchadas ya que en el proceso de esta reforma se realizaron varios conversatorios públicos durante el mes pasado y se estableció el objetivo de garantizar el acceso a internet y que ningún sector de la población quede desamparado.
El documento propone una transformación del marco normativo del sector e incluye la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar lugar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como nueva autoridad reguladora.
Pese a que el artículo 109, que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales, fue eliminado, este dictamen se percibe aún como un intento de censura y reducción de la libertad digital.
En dicho artículo, se le atribuían facultades a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Información Nacional y de Telecomunicaciones para bloquear de manera temporal de plataformas digitales.
Sin embargo se mantuvo el artículo 209, fracción IX, que permite suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos, para asegurar el cumplimiento del marco legal nacional.
Además se prevé la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con “independencia técnica y operativa”, integrada por 5 personas propuestas por Presidencia y ratificadas por el Senado.
Esta comisión será responsable de la autorización, regulación, vigilancia y sanción de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión que no cumplan con los lineamientos regulatorios y cuyas reuniones serán públicas.
El panista Ricardo Anaya se ha mantenido en contra en este dictamen y desde sesiones anteriores relativas a aprobación de la CURP biométrica ha señalado las posibles fallas a las recientes reformas, mencionó que pese a que el dictamen ha sido modificado y se eliminaron artículos polémicos como el 109 (bloqueo de plataformas), 201 y 202 (censura previa), y los artículos 56-58 (violatorios del T-MEC), aún existen riesgos y temas críticos:
La creación encubierta de un padrón de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real sin orden judicial (ahora en el artículo 183) y la posibilidad de suspender transmisiones bajo el argumento ambiguo de “derechos de las audiencias”.
“Hay tres asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior”.
Los partidarios de la reforma aseguran que se busca aprovechar el espectro electromagnético, involucrar a las comunidades indígenas y cuidar a las audiencias, así como combatir la exclusión, representantes de los grupos parlamentarios de Morena, PV y el PT reiteraron que la comunicación es un derecho humano, no una mercancía.
El dictamen presentado y promovido por la actual presidenta Claudia Sheinbaum se espera que sea debatido y sometido a votación durante la sesión del sábado.
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