El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido hasta el momento 75 impugnaciones relacionadas con la convocatoria para la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, como parte de la reforma al Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por Morena y sus aliados legislativos.
Término del plazo
Este sábado -a las 23:59 horas- vence el plazo legal para que partidos, organizaciones y ciudadanos inconformes presenten recursos de inconformidad contra el procedimiento legislativo o los lineamientos emitidos por las autoridades electorales para organizar este proceso inédito en México.
De acuerdo con fuentes del Tribunal, los recursos fueron interpuestos por partidos de oposición como el Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como por diversos colectivos de abogados, asociaciones civiles e incluso integrantes del propio Poder Judicial.
Las impugnaciones se centran en presuntas violaciones a los principios de división de poderes, independencia judicial y legalidad en la convocatoria.
Uno de los principales argumentos jurídicos sostiene que la reforma representa una amenaza para la autonomía judicial, al subordinar el nombramiento de jueces y ministros a criterios políticos o electorales. También se cuestiona si una elección popular puede garantizar la idoneidad técnica de los aspirantes.
El TEPJF, presidido por la magistrada Mónica Soto, tendrá que analizar y resolver los 75 recursos recibidos en las próximas semanas, en medio de una creciente polarización nacional.
Por su parte, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha desestimado las impugnaciones como intentos de frenar una transformación estructural que busca, según sus promotores, hacer más accesible y transparente el sistema de justicia. Mario Llergo, representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), declaró que “la derecha y los poderes fácticos quieren proteger sus privilegios”, y defendió la elección judicial como una demanda popular legítima.
De igual modo, organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Justicia y el Centro de Estudios Constitucionales han solicitado que el debate se abra al escrutinio técnico y académico antes de modificar el diseño institucional del Poder Judicial. Proponen foros nacionales y mesas de diálogo con juristas, jueces en activo, universidades y sociedad civil.
El INE también enfrenta un reto logístico y normativo considerable. Su presidenta, Guadalupe Taddei Zaavala, señaló que el órgano requiere claridad legal y recursos extraordinarios para organizar un proceso electoral con perfiles técnicos en disputa, algo sin precedente en la historia del país.
El plazo legal para presentar impugnaciones concluye este 14 de junio a las 23:59 horas, y se espera que al cierre del día se incremente el número de recursos.
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