
La comunidad LGBTIQ+ en México ha logrado grandes avances en la lucha por la promoción, el reconocimiento y la defensa de sus derechos humanos, entre los que está el formar una familia.
Sin embargo, este sector de la población aún enfrenta grandes desafíos para comenzar una familia a través de la adopción, debido a la falta de formalización de estos derechos en las legislaciones de cada estado.
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Esto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias que reconocen el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo, extendiéndolo a la crianza y la procreación.
Rubén Maza, director de It Gets Better México, explicó que el problema no se limita a la falta de normativa explícita, sino que también continúan vigentes los prejuicios dentro de los sistemas de autoridad, principalmente entorno a la capacidad de crianza o ideas preconcebidas sobre quién puede formar una familia.
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Señaló que a esto se suma la falta de claridad legal en otros ámbitos, como el reconocimiento de los hijos ante el Registro Civil.

Ana de Alejandro, fundadora de la Red de Madres Lesbianas de México, coincidió en esto, señalando que frecuentemente es testigo de cómo las familias diversas enfrentan negativas en las oficinas del Registro Civil, basadas en argumentos que, según su evaluación, no solo son errados, sino abiertamente discriminatorios.
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Acusó que a menudo dicen que no es posible registrar a un bebé con dos mamás o dos papás, argumentando que es ilegal o porque no está contemplado en el Código Civil. Incluso, llegan a preguntar si una de las madres no es simplemente ‘la vecina’.
De acuerdo con el informe ¡Todas las familias, todos los derechos! Un camino hacia la igualdad para las familias diversas en México, presentado por las organizaciones LGBTIQ+ Visible, It Gets Better México, Red de Madres Lesbianas y All Out, solo ocho estados han implementado un lenguaje inclusivo en los lineamientos de sus respectivos procesos de adopción, en beneficio de las familias diversas.
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Mientras que en cuatro entidades más se detectó un lenguaje discriminatorio y en el resto del país, se identificaron leyes limitantes o ambiguas entorno al reconocimiento de las familias diversas.
Estados con limitantes en el proceso de adopción
Según el mismo informe, en Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz se detectaron leyes con lenguaje discriminatorio, que dificultan la adopción a las parejas homoparentales
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Dos ejemplos de esto último son el artículo 182 del Código Civil de Oaxaca, en el que se reconoce la filiación explícitamente a padre y madre; así como el artículo 391 del Código Civil de Nuevo León se indica que “El marido y la mujer podrán adoptar...”.
Y en 20 estados más, entre ellos Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Sonora, Durango, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro y Zacatecas, entre otros, la legislación es ambigua o en el ejercicio de la ley siguen sin reconocerse los derechos de las familias de la diversidad sexual.
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Estados a favor de las familias LGBT
Los colectivos destacaron en su análisis que en solo ocho estados cumplen con no tener un lenguaje discriminatorio en sus leyes. Estos son:
- Baja California.
- Coahuila.
- Colima.
- Ciudad de México.
- Estado de México.
- Tabasco.
- Tlaxcala.
- Quintana Roo.

¿Cómo se puede incluir a la comunidad LGBT en la adopción?
En el mismo informe, la organización All Out hizo un llamado a movilizar a distintos sectores de la sociedad mexicana, desde legisladores hasta ciudadanos, para impulsar cambios legales y lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las familias diversas.
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El objetivo central es modificar los Códigos Civiles y las leyes familiares en los estados del país con el fin de erradicar el lenguaje discriminatorio y garantizar la alineación con los principios constitucionales de igualdad.
Para los legisladores y tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental, el informe propone acciones específicas como la implementación de protocolos antidiscriminación en registros civiles e instituciones públicas, además de programas de formación con enfoque en diversidad familiar.
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En el ámbito federal, se destaca la urgencia de abordar vacíos legales que obstaculizan la igualdad.
A los activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las familias diversas, se les brinda una serie de recomendaciones clave: organizar campañas de movilización, brindar asistencia legal a las familias que enfrentan discriminación y monitorear el cumplimiento de las leyes inclusivas para hacer un seguimiento adecuado.
Finalmente, se invita a la sociedad civil a unirse activamente a la campaña nacional “Todas Las Familias, Todos Los Derechos” mediante peticiones, donativos y acciones para visibilizar y apoyar la causa.
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