La noche del 24 de mayo pasado, policías municipales de Apaseo el Alto, Guanajuato —todos ellos exintegrantes de la desaparecida Policía Federal— recibieron un reporte sobre una posible extracción ilegal de combustible en el macrolibramiento Celaya–Palmillas. Al llegar al sitio, a la altura de la comunidad El Espejo, encontraron una escena que pronto encendería las alarmas a nivel federal.
Lo que parecía otro operativo contra huachicoleros resultó ser un escándalo de mayores dimensiones. De acuerdo con la columna “En tercera persona” del periodista Héctor de Mauleón, publicada este miércoles bajo el título “Guardia Nacional y huachicol: ¿cuántos más?”, los policías detectaron un tractocamión con un autotanque conectado a una toma clandestina, además de una camioneta Nissan Rogue color guinda. Junto a esas unidades había vehículos oficiales de la Guardia Nacional: un RCP Charger y dos camionetas Silverado, con elementos armados en el interior.
Los municipales interrogaron a los ocupantes y uno de los tripulantes del Charger respondió que estaban “proporcionando seguridad al tractocamión”. Segundos después, huyó del lugar, seguido de una de las camionetas Silverado, que más adelante fue abandonada. El resto del grupo fue detenido en flagrancia, literalmente “con la manguera en la mano”.
Fueron once los elementos asegurados, entre ellos dos tenientes, un subteniente y cinco elementos rasos. Según De Mauleón, pertenecen a batallones de la Guardia Nacional en Uruapan, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, y todos portaban fusiles FX-05 calibre 5.56 mm, chalecos tácticos y el uniforme oficial de la corporación. Se habían desplazado desde Querétaro para realizar la extracción ilegal de hidrocarburos.
El ducto saqueado conecta los estados de Hidalgo y Veracruz, una ruta estratégica del crimen organizado. El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, destacó la precisión con la que operaba el grupo: sabían “dónde estaban las mangueras y cosas”, lo que sugiere conocimiento interno y experiencia previa en la ordeña.
Hasta ahora, ni la Guardia Nacional, ni la SEDENA, ni la Fiscalía General de la República han emitido una postura oficial. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, minimizó el incidente: “No por once detenidos de la Guardia Nacional se van a contaminar los 133 mil elementos que diario trabajan en el país”, afirmó.
Sin embargo, como señala De Mauleón, los casos de corrupción dentro de la Guardia Nacional no son nuevos. En su columna, recuerda que solo en Guanajuato se encontraron 850 tomas clandestinas en 2024, y 218 más entre enero y marzo de 2025. En total, mil 725 tomas han sido detectadas este año en estados bajo custodia de la Guardia: Hidalgo (632), Jalisco (453), Tamaulipas (214), Querétaro (208) y Guanajuato (218).
Además, documentos filtrados por el colectivo Guacamaya en 2022 revelan una red de tráfico de huachicol protegida por mandos de la Guardia Nacional, coordinada desde Reynosa, Tamaulipas, por un sujeto identificado como Gerardo Ovando, “El Yayo”. La red habría incluido a funcionarios de Tabasco, vinculados con el exgobernador Adán Augusto López.
Otro informe señala que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) alertó a la SEDENA en 2022 sobre el Comandante Mata, un mando de la Guardia que recibía sobornos de huachicoleros en Puebla, Tabasco y Veracruz. También se documentó la operación de Efrén Martínez Gómez, “El Fantasma”, ligado al Cártel Jalisco, quien contaría con protección de elementos en Veracruz.
Los ejemplos abundan. En marzo de 2024, un capitán y un mayor de la Guardia Nacional fueron acusados de cobrar hasta 3 mil pesos diarios para permitir ordeña en Teoloyucan, Estado de México. En otro caso viral, guardias dejaron ir a diez huachicoleros armados en Tula.
La Guardia Nacional patrulla 17 municipios en Guanajuato atravesados por ductos de Pemex, pero las cifras reflejan que algunos elementos están explotando ese control territorial en beneficio propio.
El caso de Apaseo el Alto no es un hecho aislado, como apunta De Mauleón. En medio de una crisis de corrupción institucional, la pregunta ya no es si hubo participación de uniformados, sino cuántos más están involucrados en el saqueo del combustible nacional.
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