La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) a analizar una denuncia por presunta violencia política de género interpuesta contra los senadores panistas Ricardo Anaya y Guadalupe Murguía. La queja fue presentada por Susana Rocío Rojas Rodríguez, aspirante a magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, quien acusó a los legisladores de cuestionar públicamente su idoneidad para el cargo debido a su pasada afiliación política.
Rojas Rodríguez, quien había sido candidata a diputada local por el partido Morena en 2021, denunció que sus aspiraciones al cargo de magistrada fueron objeto de un ataque político sexista cuando Anaya y Murguía criticaron su elegibilidad en una rueda de prensa, argumentando que su vínculo con Morena era un impedimento para ocupar el puesto. La aspirante acusó que tales comentarios no sólo cuestionaban su capacidad profesional, sino que también constituían un acto de violencia política de género.
Inicialmente, el magistrado Felipe de la Mata propuso desechar la denuncia, argumentando que el INE carecía de competencia para abordar el caso. Según su interpretación, los señalamientos no se relacionaban directamente con el ejercicio de derechos político-electorales ni constituían una cuestión electoral. El proyecto original sostenía que los agravios presentados eran inoperantes, al no refutar de manera directa los fundamentos del acto impugnado.
INE, habilitado para investigar
Sin embargo, durante la sesión del pleno, la mayoría de los magistrados del TEPJF consideraron que el asunto sí era competencia del INE. La magistrada Janine Otálora Malassis subrayó que la acusación involucraba posibles actos de violencia política de género, dado que los cuestionamientos hacia la aspirante se centraron en su afiliación al partido Morena, lo cual podría constituir un acto discriminatorio relacionado con su género.
La magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso respaldó esta postura, enfatizando que los hechos denunciados podrían configurar violencia política de género, lo que habilita al INE para investigar el caso. En la misma línea, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó que una interpretación restrictiva de la competencia del INE sería contraria a una visión amplia de los derechos político-electorales, protegiendo así la integridad de quienes ejercen su derecho a participar en cargos públicos sin ser objeto de violencia o discriminación.
Con esta resolución, el INE deberá continuar con el análisis de fondo de la denuncia presentada por Rojas Rodríguez. Este caso pone en evidencia la creciente preocupación por la violencia política de género, un fenómeno que afecta a mujeres políticas en todo el país, quienes en ocasiones se ven sometidas a ataques que no sólo son políticos, sino también de naturaleza sexista.
Además, resalta la importancia de que las autoridades electorales cuenten con mecanismos claros para abordar estos casos, a fin de garantizar una participación política libre de discriminación y violencia para todas las personas.
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