Incautación de megabuque reveló una red de tráfico de diésel ilegal

El problema del huachicol fiscal, término que hace referencia al tráfico y comercialización ilegal de combustibles en México, ha revelado la existencia de una red ilegal de tráfico de diesel.

Según datos de Pemex, las entidades más afectadas son Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, donde las tomas clandestinas han vuelto a incrementarse de manera significativa, revirtiendo la tendencia a la baja que se había registrado desde 2020.

Este fenómeno se ha intensificado tras la reciente incautación del megabuque Challenge Procyon, que transportaba millones de litros de diésel ilegal provenientes de Texas. Este caso ha puesto en evidencia una compleja red de tráfico de combustibles que involucra a aduanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), empresas privadas y autoridades portuarias.

Un problema que resurge tras años de relativa calma

El robo y tráfico de combustibles no es un problema nuevo en México, ya que entre 2010 y 2015, esta actividad ilícita ya había mostrado un crecimiento en el norte del país, aunque las cifras comenzaron a disminuir a partir de 2020, gracias a diversas estrategias implementadas por el gobierno federal. No obstante, para finales de 2024, los datos reflejaron un nuevo incremento en las tomas clandestinas, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades y la industria energética.

De acuerdo con datos recopilados por El Imparcial, el porcentaje aumentó un 240% en Tamaulipas, Baja California 150%, Nuevo León 426%, Coahuila 418% y Chihuahua 156%. Además, al consultar a un exsuperintendente de Seguridad Estratégica de Pemex, el medio supo que “parte de los barriles ordeñados terminaban en barcos tipo tanque, supuestamente para su venta en Centroamérica, aunque también hubo operaciones para ‘lavar’ el combustible y reintroducirlo al país como si fuera importado legalmente”.

Por ello, la incautación del Challenge Procyon, el buque en el que se encontró diésel importado sin declarar ni pagar impuestos, ha sido un punto de inflexión en este contexto, pues transportaba combustible de manera ilegal y expuso pérdidas para el gobierno mexicano.

En el marco de estas operaciones ilícitas, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra la naviera Marinsa, subsidiaria de Grupo Cemza, señalada por presunto lavado de miles de millones de pesos y su participación en la comercialización ilegal de combustibles, ya que esta empresa estaría vinculada a una red más amplia que opera en los mares del norte de México, facilitando el tráfico de hidrocarburos a gran escala.

Las investigaciones iniciaron debido a que se capturó el buque Go Canopus el 23 de mayo de 2020, operado por Marinsa, con 450 mil litros de combustible ilegal y se encontró un contrato por 231 millones de pesos con Felipa Obrador Olán, prima del expresidente AMLO, en sociedad con Marinsa, lo que generó debates públicos y políticos.

Impacto económico y social del huachicol fiscal

El resurgimiento del huachicol fiscal no sólo representa un desafío para la seguridad energética del país, sino que también tiene un impacto directo en las finanzas públicas. Según estimaciones preliminares, las pérdidas para el gobierno mexicano ascienden a miles de millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a programas sociales, infraestructura y otros sectores prioritarios.

Además, este fenómeno afecta a la industria energética nacional, particularmente a Pemex, que enfrenta una competencia desleal por parte de los traficantes de combustible. Esto no sólo pone en riesgo la viabilidad financiera de la empresa estatal, sino que también amenaza la estabilidad del mercado energético en general.