En el marco de una ola de violencia por la que diversos estados del país atraviesa, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sugirió a través de su cuenta en la red social X que México podría llevar un plan de seguridad enfocado estado por estado, lo que generó diversas reacciones.
La propuesta surgió luego de que el mandatario centroamericano reposteara una publicación que señala que es “absurdo” comparar la situación de seguridad de El Salvador, que abarca poco más de 21 mil kilómetros de extensión, a la que se vive en México, cuya extensión es de más de 9 mil millones de kilómetros cuadrados.
“He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?" cuestionó Bukele, antes de sugerir que México debería “resolver” el problema de seguridad “estado por estado”.
“Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”.
Nayib Bukele es conocido a nivel internacional por haber implementado en su país una brutal estrategia de seguridad, en la que se declaro tolerancia cero al crimen; uno de los aspectos más destacables fue la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una enorme cárcel de máxima seguridad donde se confinan a los criminales más peligrosos del país, la mayoría de ellos pertenecientes a las mafias conocidas como “maras”.
En 2023 se registraron únicamente 154 homicidios en todo el territorio salvadoreño, un número que contrasta drásticamente con los más de 2.390 asesinatos reportados en 2019, el año en que Bukele asumió la presidencia. Para 2024, se reportaron 114 homicidios, de los cuales 112 fueron resueltos, alcanzando un índice de solución del 98,2 por ciento.
Este logro, respaldado por datos de la ONU, ha sido atribuido al régimen de excepción implementado por el mandatario para combatir a las pandillas, una estrategia que ha generado tanto elogios como críticas a nivel internacional.
Esta estrategia ha sido fuertemente criticada y cuestionada por diversos actores alrededor del mundo, ya que se considera que atenta contra los derechos humanos básicos de las personas, además, organismos internacionales han señalado que las medidas implementadas bajo el régimen de excepción podrían sentar un precedente peligroso para otros gobiernos, al justificar la suspensión de derechos fundamentales en nombre de la seguridad pública.
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