
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), calificó el traslado de 29 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos como una acción sin precedentes, misma que, aseguró, fue realizada en coordinación, cooperación y en respeto a la soberanía de ambos países.
Tal y como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa matutina de este viernes, fue en un breve pronunciamiento junto al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, donde el secretario de seguridad brindó los primeros detalles sobre la polémica acción en materia de cooperación bilateral.
Reveló que la acción fue tomada por el gabinete de seguridad federal, con el objetivo de “disminuir la violencia en el país, los delitos de alto impacto, combatir la impunidad y garantizar la seguridad nacional”.

Indicó que las 29 personas, que se encontraban recluidas en nueve centros penitenciarios federales y dos locales, contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas, secuestro, entre otros.
“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, argumentó.
Por otra parte, detalló que en el trasladó de los 29 capos participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la FGR.

“Existía riesgo de liberación”, señala Harfuch
Previo a calificar el traslado de los 29 narcotraficantes como un “acto sin precedentes, resultado de la política de cero impunidad”, Harfuch reveló que el gabinete de seguridad contaba con información sobre un posible riesgo de liberación de varios de los involucrados y/o retraso en su proceso de extradición, presuntamente derivado de acuerdos con el Poder Judicial.
“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, se procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, detalló.
En cuanto a la legislación que permitió el traslado de los 29 criminales, Gertz Manero indicó que no se trató de un proceso de extradición, sino a una solicitud de seguridad nacional.

“El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, que está vigente desde hace 20 años, establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad con una solicitud debidamente fundada del gobierno de EEUU, es como se hizo esto. Sobre la base más estricta de esa ley federal”, declaró.
”¿No se violaron las suspensiones que tenían?”, se le cuestionó, en relación a la protección judicial con la que contaban algunos de los trasladados.
“No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno”, aseguró.
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