La mañana de este martes, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST, antes CRESET), ubicado en Villahermosa, debido a los reportes sobre una balacera.
Según la información preliminar compartida por la Fiscalía General del Estado (FGE), los actos de violencia derivaron en la muerte de siete personas al interior del penal.
Después de que se registraran varias ráfagas de disparos, al CREST se trasladaron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional para establecer un perímetro de seguridad. De igual forma, acudieron al sitio trabajadores de los servicios de emergencias.
Fotografías e información difundida desde el interior del centro penitenciario señalan, de forma extraoficial, que el incidente habría ocurrido en el módulo dos, en donde un grupo de reclusos habría atacado a una banda rival.
Material gráfico compartido por habitantes de los alrededores permitió conocer que en la agresión fueron utilizadas armas largas de distintos calibres. “Esa sí es balacera, ya esa sí es tiroteo”, menciona un ciudadano que captó algunos segundos del ataque.
Ante la difusión de esta noticia, al penal de Villahermosa se trasladaron decenas de personas, identificadas como familiares de quienes permanecen privados de su libertad, con el objetivo de conocer el estado de salud de sus parientes.
Segundo motín en menos de dos meses
El 19 de diciembre de 2024, el CREST fue escenario de un motín que también provocó la muerte de siete internos. En aquella ocasión, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, los actos violentos iniciaron durante un operativo de traslado.
A las cinco de la mañana, agentes estatales acudieron al penal para ejecutar una orden para trasladar a Gerardo “N” y Javier “N”, dos jefes criminales de alta relevancia, a otro reclusorio. Al ingresar, los oficiales fueron recibidos con disparos.
“Tenemos aquí a dos generadores de violencia que son los que tienen el control de los internos [...] Ellos siguen teniendo control de delincuentes que están afuera”, reconoció aquel día el fiscal José Barajas Mejía ante medios de comunicación al llegar al recinto.
Cabe recordar que esta instalación es una de las prisiones peor evaluadas del país por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el organismo detectó deficiencias en los servicios de salud, en la alimentación y en las condiciones materiales y de higiene en sus instalaciones.
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